¿Quién protege a María Mercedes Perry?

Por Andrés Felipe Giraldo L.

Desde que me hablaron de María Mercedes Perry, un personaje cuyo nombre no frecuenta mucho diarios ni noticieros, pero que disfruta de un poder envidiable en los altos círculos económicos y políticos del país, me causó gran curiosidad saber quién la protege, porque de no contar con un entramado muy poderoso a su respaldo, es muy probable que la justicia ya hubiera actuado para detener sus cuestionables actuaciones en los procesos de liquidación que administra.

Juan Manuel Santos, cuando era Presidente, presentó a María Mercedes Perry como su “liquidadora estrella”, cuando anunció el proceso de liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) en el año 2011. Pues bien, en ese momento María Mercedes Perry ya estaba a cargo del proceso de liquidación de DMG, que empezó con el proceso de intervención del gobierno Uribe en 2008, cuyos resultados a través del tiempo se asemejan mucho más a un agujero negro de despilfarro que a una estrella.

Hoy, más de 13 años después de que iniciara el proceso de liquidación de DMG (una empresa que duró solo cinco años legalmente constituida), los pleitos que se derivan de este desastroso proceso de liquidación, han hecho aún más gravosa la situación de las víctimas, quienes han debido conformar una sociedad para intentar rescatar lo poco que la señora Perry ha dejado con el fin de reparar los daños ocasionados por una empresa que copó casi todos los delitos económicos consagrados en el Código Penal Colombiano y que incluso valió la extradición de David Murcia Guzmán a los Estados Unidos.

Dicho proceso ha estado plagado de irregularidades que han desencadenado demandas y denuncias de todo tipo. Por ejemplo, hace unos meses señalé cómo la Superintendencia de Sociedades indujo a error a la Superintendencia de Notariado y Registro en 2012 al solicitarle que legalizara la extinción de dominio en favor de DMG de un lote al norte de Bogotá. Esa historia la pueden ver acá: https://linotipia.com/extincion-de-dominio-fantasma/.

A pesar de que la Superintendencia de Notariado y Registro subsanó el error y reversó la anotación que entregaba la propiedad de dichos predios a DMG en liquidación unos años después, a la fecha de hoy no se ha hecho la devolución de los predios a sus legítimos dueños y, por el contrario, la señora Perry insiste en que se declare la nulidad de las actuaciones administrativas que adelantó dicha Superintendencia. Con esta intención, la señora Perry ha entablado dos demandas en 2021 ante el Consejo de Estado para que DMG en liquidación sea indemnizada por más de 22 mil millones de pesos y más de 33 mil millones respectivamente, alegando daños y perjuicios por las decisiones que en Derecho tomó la Super Notariado y Registro. Tan evidente fue el error de esa Superintendencia, que ya el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a esa Entidad por una falla en el servicio por esos hechos, y en este momento cursa la segunda instancia en el Consejo de Estado en donde se admitió la tasación de los daños por 22 mil millones de pesos en favor de Colbank, empresa dueña de los lotes que María Mercedes Perry no quiere retornar y que cuida con vigilancia pagada con dineros de las víctimas de DMG.

En otras palabras, María Mercedes Perry, que fue contratada por el Estado para llevar el proceso de liquidación de DMG por la Superintendencia de Sociedades, está demandando a la Superintendencia de Notariado y Registro por más de 55 mil millones de pesos. Reitero: una auxiliar de la función jurisdiccional de una Superintendencia demanda al Estado por más de 55 mil millones de pesos. Es, por decir lo menos, paradójico, que una persona que contrata una Entidad del Gobierno para solucionar un problema, no solo no lo solucione después de trece años de una gestión fatal, sino que además multiplica los problemas y termina demandando a su contratante, el Estado, por más de 55 mil millones.

La señora Perry es sin duda la favorita de la Superintendencia de Sociedades para servir como auxiliar de la justicia. De acuerdo con la respuesta a un derecho de petición interpuesto por el representante legal de la sociedad de víctimas de DMG hace poco más de dos años, que se puede encontrar con el radicado 2019-01-433771 del 3 de diciembre de 2019, se relacionan 190 procesos en los que Perry ha fungido como promotora, liquidadora o agente interventora desde el año 2008 hasta el 2018. Es decir, ha tenido un promedio de 19 procesos por año, cuando la ley permite un máximo de tres procesos simultáneos y algunas excepciones han incrementado esa cifra a un máximo de seis.

Además, las denuncias, demandas e incidentes en contra de la señora Perry misteriosamente se congelan en el tiempo y nunca se toman decisiones que la puedan perjudicar. Por ejemplo, el 21 de enero de 2019 se ordenó una compulsa de copias a la Fiscalía desde la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para que se investigara a la señora Perry por los hechos acá reseñados en la extinción de dominio fantasma. De acuerdo con los abogados que apoyan la demanda, Perry incurrió en los presuntos delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. Pues bien, la Fiscalía 277 Seccional de la Unidad de Fe Pública y Orden Económico avanza a paso lento en esta investigación y poco ha importado la solicitud de los abogados de Colbank para que se avance al menos con la imputación de cargos. Además, existen tres incidentes de remoción interpuestos por tres actores distintos para que la señora Perry sea removida del fallido, extenso y tortuoso proceso de liquidación de DMG. El primero, solicitado por los abogados de Colbank, dueños de los lotes que Perry se niega a devolver, el segundo, por parte de la sociedad de víctimas de DMG y el tercero, por parte del abogado de la Congregación de las Hermanas Dominicas de Nuestra Señora del Santísimo Rosario que son propietarias del 50% del predio Nuevo San Antonio, que hace parte de los inmuebles expropiados en el norte de Bogotá de manera irregular por DMG en liquidación.

Vistos los escombros de un proceso que lleva más de trece años sin solución a la vista, en donde la gerente liquidadora de DMG no solo no concluye un proceso que ya debería estar finalizado, sino que osa demandar al Estado por miles de millones de pesos, operando como auxiliar de la Justicia que el Estado contrata, sin que esto tenga la menor consecuencia en contra de la señora Perry a pesar del desespero de las víctimas que va dejando en el camino, la pregunta más obvia es ¿Quién protege a María Mercedes Perry? Seguramente la respuesta la tengan los Superintendentes de Sociedades que han sido tan generosos otorgándole procesos de insolvencia económica a granel superando los topes establecidos por la Ley. Ojalá el recientemente posesionado Superintendente, Billy Raúl Antonio Escobar Pérez, se anime a dar esta respuesta y enfrente con valentía a los gendarmes que dan tanto poder a una persona que claramente, y ante la evidencia, no hace bien su trabajo. Y si lo hace bien, no es para los intereses de la sociedad y los ciudadanos. Seguramente lo hará muy bien para quienes la protegen. Porque nada le pasa.

*Fotografía tomada de El Heraldo.