Temores con fundamento

Por Andrés Felipe Giraldo L.

Las elecciones del próximo año en Colombia representan el último aliento de una democracia que desde hace tiempos viene en decadencia, agonizante y en crisis. El partido de gobierno marca mediocremente en las encuestas, con sus folclóricos candidatos que prometen ser la solución de todos los problemas que han creado no solo en este mandato, sino en este siglo.

La popularidad del homúnculo de presidente que hemos debido soportar los últimos tres años, dos meses y 17 días, cae en barrena como el precio del peso frente al dólar. Y mientras tanto, el líder de la secta aún debe defenderse de la evidencia abrumadora que tiene en contra por la manipulación de testigos, por la cual debió renunciar a su curul en el Senado para que la Fiscalía del mejor amigo de su títere lo defendiera, porque sus abogados defensores no han podido. De hecho, uno de ellos lo acompaña en la desgracia.

Para nadie es un secreto, ni siquiera para los miembros del partido de gobierno, que difícilmente el uribismo pueda mantener el poder en 2022. Pero esto en condiciones medianamente normales. A pesar de todas las suspicacias que hoy perviven a las elecciones de 2018, que la mejor Fiscalía del continente no ha querido investigar deliberadamente, como los fraudes en la Registraduría y la financiación del narcotraficante “el Ñeñe” Hernández a la campaña de Iván Duque, cuyos únicos detenidos fueron los agentes investigadores, las posibilidades del uribismo para ganar en 2022 son menos que remotas. Sin embargo, las movidas que ha venido haciendo el gobierno para ganar en el Congreso, la Registraduría y en las Fuerzas Militares, lo que no podrá en las urnas es, por decir lo menos, preocupante.

En el Congreso las mayorías que tiene enmermeladas el Ejecutivo aprobaron cambiar el inciso primero del artículo 38 de la Ley de Garantías, lo que le permitirá a las Entidades del Estado celebrar contratos cuatro meses antes de las elecciones generales. En otras palabras, el gobierno podrá usar la chequera del erario para hacer campaña.  La Ley de Garantías o Ley 996 de 2005 surgió simultáneamente con la reelección de Uribe, justamente para evitar que toda la burocracia del gobierno se convirtiera en una poderosa e invencible maquinaria electoral. Con los niveles de popularidad que tenía Uribe en su primer mandato, esta Ley solo era un trámite de transparencia que daba aún más magnanimidad al líder de una poderosa secta que en ese momento tenía más adeptos que el nazismo en 1933. Uribe era indestronable con o sin Ley de Garantías. Sin embargo, y con toda claridad, este no es el panorama actual. En primer lugar, la Ley de Garantías ya no está en el contexto de la reelección, que fue derogada en el último mandato de Santos y, en segundo lugar, la baja, bajísima popularidad de Iván Duque ha arrastrado a todo el Centro Democrático a los niveles más deplorables de aprobación de su corta historia. Por lo tanto, es claro que no será el carisma de Duque el que arrastre los votos del uribismo en las próximas elecciones. Por eso han optado por saquear los recursos públicos en complicidad con las mayorías en el Congreso para ver si por ahí les alcanza, ya sea con los patéticos candidatos del Centro Democrático o con algún representante de lo que llaman “centro derecha”, como Peñalosa, Echeverry, Fico, Char o cualquiera de esos comodines. 

Pero es posible que ni siquiera con toda la chequera del Estado les alcance, porque es que la gente está tan cansada de los continuos engaños, atropellos y corrupción de la derecha que “un fantasma recorre a Colombia, el fantasma de la izquierda”, parafraseando a Marx en el primer renglón del Manifiesto del Partido Comunista, le ha permitido por primera vez un candidato de izquierda tener la primera opción en las encuestas de ganar, por mucho, la Presidencia. Por eso también el gobierno está aceitando a la Registraduría para organizar algún fraude sin que se note tanto. El famoso software de la Registraduría sigue sin ser auditado y hace unos meses el poco confiable Alexander Vega adjudicó el contrato para “la organización y realización de los procesos electorales a llevarse a cabo en los años 2021 y 2022” por un billón 240 millones de pesos a la empresa Thomas Greg & Sons para la administración técnica y logística de las elecciones de 2022. Es decir, la misma empresa que maneja el controvertido software de la Registraduría, será la encargada de manipular, perdón, de administrar las elecciones de 2022. 1.2 billones de pesos animan a cualquiera para hacer lo que el gobierno de turno quiera. El polémico contrato de Centros Poblados con MinTic del que se perdieron 70 mil millones de pesos, era por menos.

Y para terminar, para nadie es un secreto que la mayoría de cuadros de las Fuerzas Militares en Colombia siguen siendo fieles, muy fieles a su presidente eterno Álvaro Uribe Vélez. No sería extraño que con toda la basura sobre “el castrochavismo”, el “comunismo” y la amenaza del “foro de Sao Paulo” que les han infundido como un mantra durante 20 años de doctrina uribista, estén tan predispuestos a la democracia que sean incapaces de aceptar que un gobierno de izquierda llegue al poder y decidan, como un deber patriótico, impedir que cualquier elección legislativa o presidencial ganada por la izquierda en Colombia sea una amenaza para el status quo que defienden y estén dispuestos a sabotear por la vía de las armas lo que se gane en las urnas. Esta es una posibilidad que jamás se puede descartar en Colombia, teniendo en cuenta esa falacia de que hemos sido “una de las democracias más estables de América Latina” ignorando contra toda evidencia que además Colombia ha tenido los gobiernos más autoritarios y represivos de todo el continente, justamente, a manos de la bota militar.

Por todo lo anterior, no es descabellado creer que en Colombia se fragüe un fraude de proporciones colosales para 2022. El uribismo está desesperado y no quiere perder el poder. Incluso, muchos de ellos empiezan a migrar hacia ese “centro-centro” sinuoso y volátil que, aunque no les alcahuetea su corrupción, sí les garantiza sus privilegios. Pero ellos harán una apuesta más arriesgada e intentarán retener el poder, duélale a quien le duela. 

Un periodista amigo, de esos que tienen el olfato bien aguzado para los temas políticos me dijo: “Las élites en Colombia sacan la calculadora y asumen los riesgos. Ellos van a dejar en el poder a alguno de sus calanchines y van a hacer todo lo posible para que Petro no llegue al poder, porque no les conviene. Primero intentarán el fraude, si eso no les funciona, es urgente cuidar la vida de Petro”. Me lo dijo con una seguridad pasmosa. Y la verdad, le hallo todo el sentido. 2022 parecerá un juego de niños comparado con lo que ya pasó en 1970, cuando el padre de Andresito se le robó las elecciones al abuelo de Samuelito e Iván.

Sin embargo, esta Colombia es otra, y si se roban las elecciones o matan a Petro, no lo duden, muchos nos lanzaremos a las calles, cueste lo cueste, para recuperar lo poco que queda de democracia, que es el último patrimonio patriótico que le podríamos heredar a nuestros hijos, nietos y bisnietos, para que nunca más algo tan nefasto como el uribismo llegue al poder.

*Fotografía tomada de la página oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil.