La sociedad de víctimas de DMG

Por Andrés Felipe Giraldo L.

En Colombia hay muchas sociedades. Nacen y mueren todos los días. Pero hay solo una sociedad que surgió como producto de las arbitrariedades del Estado en la administración de los recursos de una empresa en liquidación.

La sociedad de víctimas de DMG nació en noviembre de 2019, justo 11 años después de que el gobierno interviniera a la captadora ilegal y empezara un controversial proceso de liquidación que hoy, 13 años después, aún no termina. Y es que solo el tiempo que lleva la liquidación ya genera serias suspicacias.

DMG nació como empresa en 2003, pero solo hasta enero de 2008 empezó su vertiginoso proceso de expansión como una de las captadoras de dinero más grande de todos los tiempos no solo en Colombia, sino en varios países de América Latina. Sin embargo, solo bastó que el propio David Murcia Guzmán, rostro visible de la empresa y representante legal de la misma, empezara a circular el rumor de que los hijos de Álvaro Uribe Vélez tenían participación en esa pirámide ilegal, para que en cuestión de días el presidente de la época, noviembre de 2008, ordenara la intervención de ese monstruo comercial.

En otras palabras, una empresa que sobrevivió tan solo cinco años, de los cuales solo en uno tuvo una fuerte exposición mediática y una gran expansión territorial, lleva 13 años en un turbio y accidentado proceso de liquidación sobre el cual aún se ve lejos, muy lejos, la luz al final del túnel. El proceso de liquidación ha durado mucho más del doble de lo que duró la empresa.

Como ya se ha señalado acá en varias entregas, la gerente liquidadora de DMG, la señora María Mercedes Perry, es lo que los medios llaman de manera sofística para referirse a personas subjudice, sobre las que no pesan todavía condenas, “polémica” y “controversial”. 

Una de las primeras acciones que emprendió la señora Perry, en complicidad con la Superintendencia de Sociedades, como se ha demostrado en varios autos y fallos de la justicia y de la Superintendencia de Notariado y Registro, fue la de apropiarse de tres lotes en el norte de Bogotá para sumarlos a la masa de liquidación de DMG de manera fraudulenta. Este caso también ha sido reseñado por los medios en múltiples oportunidades. Dicha apropiación, ilegal a todas luces, pero que mantuvo el derecho de dominio de dichos predios por parte de DMG en liquidación durante siete años, desde 2012 hasta 2019, porque se parte de la presunción de legalidad de los actos administrativos del Estado, generó un detrimento patrimonial para las víctimas de DMG de proporciones incalculables. O sí, calculables en 115 mil millones de pesos, de acuerdo con la demanda que el abogado Santiago Morales Sáenz, representante de las víctimas, interpuso contra el Estado ante lo contencioso administrativo por los múltiples daños y perjuicios que la gerente liquidadora ha ocasionado por la pésima administración de los recursos de DMG.

En este orden de ideas, resulta tremendamente curioso que el Estado, lejos de contribuir a la reparación de las víctimas como corresponde en los procesos de liquidación de empresas, se haya prestado para avalar las arbitrariedades de la señora Perry, quien incluso ordenó el embargo y la toma de posesión de los tres lotes en cuestión usurpando funciones de las autoridades que como particular no le correspondían. Todos estos hechos están debidamente documentados y el rastro se puede seguir en la matrícula inmobiliaria de los respectivos inmuebles.

Así pues, DMG en liquidación sigue ejerciendo el dominio y posesión sobre al menos dos predios de los que no son propietarios y dejó invadir un tercer predio que deberá ser recuperado en su momento por Sociedad de Activos Especiales del Estado (SAE) para que, atendiendo a los fallos judiciales, el sentido común y la lógica, sean retornados a sus legítimos propietarios. Sin embargo, los intereses de las víctimas se siguen afectando de manera sustancial, porque todos los recursos con los cuales se están pagando los “errores” de la señora Perry, salen de la masa de liquidación de DMG.  Y no son pocos.

En primer lugar, María Mercedes Perry se negó a recibir en 2011 la suma de 23 mil millones de pesos de Colbank e InverLópez, los dueños de los lotes Las Mercedes, San Antonio y el Bihar, producto de una promesa de compraventa entre testaferros de DMG y dichas sociedades, que no estaban al tanto del origen del dinero del negocio. Como ya se ha reseñado en este portal anteriormente, los testaferros de DMG entregaron el dinero para la compra de los lotes, pero nunca firmaron las escrituras de los predios porque dicho dinero pertenecía a DMG. Una vez el gobierno intervino a la captadora ilegal, los propietarios de los lotes deshicieron el negocio y se comprometieron a devolver el dinero. Pero la señora Perry se negó a recibir el dinero e hizo todo lo posible, junto con la Superintendencia de Sociedades, por apropiarse de los lotes. No solo no lo lograron, sino que incurrieron en maniobras dudosas que están siendo investigadas por las autoridades desde lo civil, lo administrativo y lo penal.

De esta manera, recursos que ya deberían estar reparando a las víctimas de DMG, han sido despilfarrados de manera escandalosa en el mantenimiento de predios que legalmente no pertenecen a DMG en liquidación. De acuerdo con los abogados de Colbank y InverLópez, mensualmente se invierten 12 millones de pesos, aproximadamente, desde hace más de nueve años, en la vigilancia de unos predios ajenos, recursos que salen del dinero que debería ir a las víctimas por concepto de reparación. Esto sin contar los millonarios recursos que DMG en liquidación ha gastado en el pago de los impuestos de dichos predios, asumiendo de manera equivocada e ilegal, que DMG es dueña de dichos lotes.

Es increíble, pero la sociedad de víctimas de DMG nació para contrarrestar desde la ciudadanía y la sociedad civil, todas las arbitrariedades que han cometido la señora Perry y la Superintendencia Nacional de Sociedades en contra de ellos durante 13 años de un pésimo proceso de liquidación, cuya sola duración, ya es de por sí vergonzosa para cualquier proceso de este tipo, que debería ser, por naturaleza y lógica, concreto, corto y eficiente.

Además, en este momento persiste un pleito por 10 mil millones de pesos que fue fallado en primera instancia en contra de DMG en liquidación como multa por las actuaciones irregulares de la señora Perry, al decretar acciones propias de las autoridades sobre los lotes en cuestión para las que no tenía competencia, y la oficina de Registro compulsó copias a la liquidadora de DMG para que la Fiscalía la investigue por los presuntos delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal por obtener registros ilegales en los folios de los lotes de la autopista. Por supuesto, todos estos procesos van a paso de tortuga y algunos han sido fallados en segunda instancia a favor de la señora Perry. Pero son tantas las inconsistencias y los mantos de dudas que cubren dichos fallos, que han llegado hasta las Altas Cortes e, incluso, han generado choques de trenes entre las distintas entidades judiciales y administrativas que no tienen precedentes.

De acuerdo con el abogado Morales Sáenz, en este momento la sociedad de víctimas de DMG le ha otorgado más de 400 poderes, pero espera que en muy poco tiempo esta suma se incremente a 1000 poderes. Sin embargo, las cifras más conservadoras hablan de 200.000 personas que invirtieron poco o mucho dinero en la captadora ilegal, por lo cual se espera que la sociedad crezca exponencialmente una vez se vayan viendo los resultados que permitan a las víctimas recuperar así sea un mínimo porcentaje de lo que invirtieron, más ahora, cuando ya, después de 13 años, han perdido hasta la esperanza. 

Para concluir, hay que mencionar que abogado Morales Sáenz anunció que ya tiene listo el documento para solicitarle a la Superintendencia de Sociedades la remoción de la señora María Mercedes Perry como gerente liquidadora de DMG. Es evidente que argumentos no le faltan para hacer dicha solicitud, porque es evidente que un proceso de liquidación que ha durado más del doble de lo que duró la vigencia de la empresa constituye un fracaso monumental para cualquier liquidador, pero sobre todo, para la Entidad que desde el Estado debe garantizar la reparación de las víctimas y un proceso limpio, ágil y transparente en favor de personas que ingenuamente confiaron en una captadora que presumía de ser legal hasta que se cayó todo el tinglado de una gigantesca estafa detrás de la cual había personas muy poderosas. La Superintendencia Nacional de Sociedades debe muchas explicaciones a la sociedad, no solo sobre este proceso de liquidación, sino sobre muchos más de los que hablaremos en próximas entregas.

En Colombia hay sociedades de todo tipo, que se supone, deben promover el desarrollo empresarial del país para un mejor vivir. Sin embargo, es tan absurdo lo que pasa en este país, que se debe formar una sociedad para rescatar de entre las cenizas lo poco que queda de la pésima gestión del Estado.

*Fotografía tomada del Portal Desde Abajo.