La gran oferta

Por Andrés Felipe Giraldo L.

En el país de las grandes estafas, es toda una novedad que exista una gran oferta. Pues bien, sobre esto trata la historia que les voy a contar hoy, y que está relacionada con la saga del cartel de los liquidadores que he venido presentando en este espacio desde marzo del presente año.

Está plenamente demostrado que la gerente liquidadora de DMG, la señora María Mercedes Perry, se apropió de unos lotes en el norte de Bogotá de manera irregular, con la complicidad de la Superintendencia de Sociedades, con el argumento de que estos hacían parte de la masa de liquidación de la captadora ilegal que fue intervenida por el gobierno nacional en el año 2008.

La historia es larga y ya la he contado acá en oportunidades anteriores, pero trataré de resumirla de manera breve: Las sociedades Colbank e Inverlópez firmaron una promesa de compraventa por tres lotes al norte de Bogotá por un valor de 23 mil millones de pesos. Dicha promesa fue firmada a favor de los señores Eduardo Gutiérrez Robayo y Juan Carlos Valencia Yepes. Sin embargo, el negocio de la venta nunca se concretó, porque se descubrió que los dineros con los que se iban a comprar los lotes, en realidad pertenecían a DMG, una vez dicha captadora ilegal fuera intervenida por las autoridades. Ante esta situación, los promitentes vendedores, Colbank e Inverlópez, desistieron del negocio y ofrecieron devolver el dinero que ya había sido entregado por Gutiérrez y Valencia. Sin embargo, a través de una secuencia de fallos atípicos e ilegales por parte de la Superintendencia de Sociedades, que incluyeron “extinción de dominio a favor de particulares”, como lo reseñé en la entrega anterior, y un auto inverosímil del Superintendente Delegado para Procesos de Insolvencia para el año 2016, Nicolás Polanía, se ordenó incluir dichos lotes en la masa de liquidación de DMG, sin tener competencia para ello y violando de manera flagrante el derecho a la propiedad de Colbank e Inverlópez. Así, la señora Perry agotó todos los esfuerzos por apropiarse de los lotes en favor de DMG en liquidación. La noticia de ese momento se puede leer en una nota de El Espectador del 11 de febrero de 2016 que comparto en el siguiente enlace: 

https://www.elespectador.com/judicial/los-lotes-que-repararian-a-las-victimas-de-dmg-article-616032/

Para hacer breve el cuento, con el paso del tiempo, a través de distintos fallos judiciales y administrativos, las autoridades han restituido de manera definitiva el derecho a la propiedad de los lotes a sus propietarios originales, es decir, Colbank e Inverlópez. Sin embargo, como en su momento la liquidadora de DMG, la señora María Mercedes Perry, no quiso recibir la devolución de los 23 mil millones de pesos, la actuación legal para recibir dichos recursos prescribió, y DMG en liquidación perdió la oportunidad de recuperar, por lo menos, este dinero.

Es acá en donde toma relevancia la gran oferta que se radicó en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado por parte de los propietarios de los lotes Las Mercedes, Nuevo San Antonio y el Bihar, el pasado 22 de noviembre, y que podría evitar un daño patrimonial al Estado de proporciones milmillonarias. 

A pesar de que el derecho a la propiedad de los tres predios ha sido restituido a sus legítimos dueños, la entrega material de los predios aún no se hace por razones absolutamente extrañas y desconocidas. La señora Perry mantiene los predios bajo vigilancia que paga con dineros de las víctimas de DMG, lo que ha generado, por esta y otras razones, otra demanda por más de 100 mil millones de pesos en contra de la Nación por parte de la sociedad de víctimas. Pero de esto hablaré en una próxima entrega. 

En este orden de ideas, la propuesta que presentó el abogado de Colbank e Inverlópez a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para conciliar la devolución de los lotes citados, parece irrechazable: En primer lugar, los afectados desistirían de una demanda por 28 mil millones que actualmente cursa en la sección tercera del Consejo de Estado en contra de la Superintendencia de Notariado y Registro que busca cuantificar una sentencia que ya fue fallada en 2017 por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, que condenó a esa Entidad (y por consiguiente a la Nación) por falla en el servicio, porque, de acuerdo con dicho Tribunal, “la Superintendencia de Notariado y Registro actuó en forma negligente al registrar una orden de extinción de dominio que nunca se decretó”. La historia de dicho exabrupto la pueden leer en mi anterior entrega que comparto en el siguiente enlace: https://linotipia.com/extincion-de-dominio-fantasma/

A cambio de lo anterior, los dueños de Colbank e Inverlópez solicitan la devolución material y real de los lotes Nuevo San Antonio y Las Mercedes, actualmente bajo la vigilancia de la sociedad en liquidación de DMG, sin que tenga ninguna potestad legal para ello. También solicitan que el tercer lote, el Bihar, sea desalojado a través de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que actualmente se encuentra invadido por particulares.

Además, Colbank e Inverlópez insisten en hacer la devolución de los 23 mil millones de pesos, a pesar de que no estarían obligados a ello, porque tal acción de restitución ya prescribió. En pocas palabras, los legítimos dueños de los predios reseñados le están ofreciendo al Estado desistir de la aspiración de obtener 28 mil millones de pesos por los daños y perjuicios ocasionados por la actuación negligente de la Superintendencia de Notariado y Registro al registrar una acción ilegal inducida a error por la Superintendencia Nacional de Sociedades y, además, devolver 23 mil millones de pesos para reparar a las víctimas de DMG, que no caerían nada mal después de 13 años de una liquidación lenta, infructuosa y plagada de irregularidades. Es decir, estamos hablando de 51 mil millones de pesos que el Estado dejaría de perder, con la única condición de proceder de acuerdo con el sentido común, la lógica y la ley, restituyendo material y realmente el derecho a la propiedad sobre unos lotes que ya las distintas autoridades administrativas y judiciales han reconocido después de 13 años de pleitos y litigios. 

La oferta es tan lógica y tentadora, que la sociedad de víctimas de DMG ha presentado una carta a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, solicitando a esa Entidad que acepte la propuesta del abogado de Colbank e Inverlópez, lo que pondría fin a más de una década de arbitrariedades y desaciertos por parte de distintas autoridades del Estado, tanto desde la rama Ejecutiva como desde la Judicial.

No son muchos los antecedentes en los que las víctimas de actuaciones irregulares del Estado desistan de demandas milmillonarias. Y mucho menos que se renuncie a la prescripción para hacer devolución de dineros que no fueron recibidos por hechos que siguen siendo materia de investigación desde lo penal, lo civil y lo administrativo.

Sin embargo, de prosperar dicha solicitud y apelando a la sensatez de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, es muy probable que por fin, después de 13 años, algunas de las víctimas del nefasto proceso de liquidación de DMG encuentren la luz al final del túnel, como lo dijera un periodista de Blu radio la semana pasada.

Ojalá estos procesos de conciliación tuvieran mayor eco para resolver los asuntos que comprometen los recursos públicos, que el últimas, son los recursos de todos los colombianos. En esta oportunidad se pretende evitar que el Estado, y en especial las víctimas de DMG, pierdan 51 mil millones de pesos, a cambio de un acto tan sencillo como cumplir la ley, después de 13 años en los que una gerente liquidadora con muy poco sentido de la ética pretendiera apropiarse de unos lotes que no le correspondían a la masa de liquidación de DMG, porque sencillamente jamás se vendieron.

Con 51 mil millones de pesos se pagan más de 56 mil salarios mínimos, lo suficiente para mantener a 4680 empleados durante un año. Si atacar la corrupción no es construir país, no sé qué podría ser más efectivo.

En el país de las grandes estafas, este podría ser un excelente precedente para empezar a hablar de grandes ofertas. Y en este caso, la oferta que un particular le hace al Estado para salvar recursos públicos. Sería una nueva forma de luchar contra la corrupción, apelando a la comprensión de la ciudadanía y a la sensatez del Estado. Esperaré la respuesta de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para informarles. Seguiremos investigando.