Entre la servidumbre y el envilecimiento

Por Marco Aurelio Zuluaga Giraldo

Entre la servidumbre y el envilecimiento, así se deciden generalmente los asuntos de la política pública en Colombia, bajo una arraigada sumisión en política internacional y con un debate público soportado, muchas veces de manera vil, en verdades a medias y opiniones sesgadas en favor de algunas élites económicas y políticas que cuentan con la complicidad de medios de comunicación dominantes que actúan como caja de resonancia.

En la historia se encuentran varios ejemplos. Uno de ellos es la Ley 100 y la actual ideologizada discusión sobre la reforma al sistema de salud, permeada de poderosos intereses y disputas por decidir quién y cómo se administrarían cien billones de pesos: el 15% del presupuesto nacional.

Caído el muro de Berlín, cesó la guerra fría. En ese momento, Estados Unidos relanza la ideología neoliberal, según la cual, como la mano invisible de dios está en el mercado, los gobiernos no pueden intervenir en la relación mercado- sociedad, ni siquiera para garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales. Así, Washington impone la política de privatizar empresas estatales estratégicas como salud, educación, agua y energía, y desregular el control a las empresas y estimular y facilitar la inversión extranjera. Esta cruzada comienza bajo el auspicio y vigilancia del Fondo Monetario Internacional y el apostolado ideológico de muchos tecnócratas criollos.

La Constitución Política de 1991 estableció en Colombia un Estado Social de Derecho, sin embargo, el gobierno de turno, adalid y voceador del neoliberalismo, diseñó y tramitó la Ley 100 de acuerdo con esta filosofía. La nueva estructura del sistema de salud facilitó que se armara un tejido empresarial criminal. Prueba de esto es que, de las 158 empresas prestadoras de servicios de salud (EPS) creadas hasta la fecha, 136 han sido intervenidas o liquidadas por robo o fraude a los recursos del Estado.

En 2008, el detrimento de la calidad y el precario acceso al goce de este derecho vital eran tan evidentes que la Corte Constitucional profirió la sentencia T-760, en la que ordena conjurar las fallas de la regulación sobre la sostenibilidad financiera, flujo de recursos, cobertura y beneficios. No obstante, a esta sentencia también se le aplicó la costumbre colonial de obedecer para no cumplir.

Por el año 2011, se descubrió que una EPS había consolidado un conglomerado mafioso de empresas que facturaba servicios e insumos a precios astronómicos y fraudulentos, y entregaba billonarios anticipos sin soportes contables. Un club de fútbol, campos de golf, yates, clínicas, laboratorios y multimillonarios honorarios a sus administradores la convirtieron en una de las 20 empresas más grandes del país, junto a Ecopetrol y Bancolombia.

También hoy, algunos jefes políticos y empresarios nacionales y extranjeros administran irregularmente estos recursos. Unos financian ilegalmente campañas; otros hacen lobby e impulsan leyes en beneficio de sus financiadores. Este mes, la Contraloría denunció que las prácticas corruptas continúan: del presupuesto del 2022, desaparecieron nueve billones de pesos; y el giro de anticipos ilegales a empresas amigas supera los tres billones. Diversas organizaciones de la sociedad civil, como Proyecto Ciudadano, presentaron el informe ¿Dónde está la plata?, que coincide plenamente con la denuncia de la Contraloría. Todo esto, mientras el personal médico y paramédico vinculado al sistema afronta condiciones laborales que afectan su dignidad y su seguridad social y familiar.

Lo mismo ocurrió hace 120 años, cuando Estados Unidos confesó haberse tomado Panamá: Colombia recibió un pago indigno de 25 millones de dólares y aceptó créditos condicionados e impagables. Un presidente imponía la doctrina respice polum que consistió en que la política exterior quedaba prácticamente subordinada al país del norte. También por aquellas calendas, y frente a esta “danza de los millones”, irrumpe la figura de “el hijo del ejecutivo” y su “rosca” de familiares y amigos hurtando los dineros públicos.

Para cambiar nuestra historia del futuro, estas centenarias y patrióticas costumbres deben erradicarse votando en libertad, o ejerciendo el derecho y el deber de no votar.