Policías asesinos

Por Andrés Felipe Giraldo L.

En el constante arte retórico de Iván Duque de hablar mucho, decir poco y no resolver nada, en la misma plantilla que usa cada vez que ocurre un crimen atribuible al Estado, que incluye lugarcomunes como “lamentamos profundamente”, “no toleraremos”, “instrucciones precisas”, “investigaciones exhaustivas” y “sanciones ejemplares”, el presidente se atrevió a expresar, en medio de los disturbios que se presentaron en Bogotá por el asesinato del ciudadano Javier Órdoñez a manos de siete policías del CAI de Villa Luz, que “bajo ninguna circunstancia podemos aceptar como país que se estigmatice, que se le llamen asesinos, a quienes tienen la responsabilidad de proteger la vida, honra y bienes, derechos y libertades de los ciudadanos”. Estas declaraciones no son extrañas y mucho menos novedosas, para un gobierno que se ha encargado desde el principio de evadir los problemas profundos y estructurales que afectan a la Fuerza Pública, y que siempre traslada la responsabilidad de dichos problemas a la opinión “tendenciosa” y “sesgada” de la “izquierda radical” que “generaliza” y “estigmatiza”.

En la misma línea, el Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se atrevió a culpar de los desmanes y el vandalismo de las protestas a algunas tendencias y activistas de redes sociales, como la sigla ACAB, que significa “All Cops are bastards” (todos los policías son bastardos), un hashtag que se usa en las redes sociales de todo el mundo y una sigla que se pinta en las paredes a manera de protesta, cuyo origen se dio en Inglaterra hace años, justamente para denunciar el abuso policial en ese país. Para el Ministro de Defensa ACAB es un “grupo internacional”, algo así como un nuevo Foro de Sao Paulo, meticulosamente organizado para generar caos en el mundo atacando la reputación de la policía, y en este caso, para estigmatizar a la Policía de Colombia. Es difícil saber con exactitud con qué intención el partido de gobierno supone que ACAB es un grupo articulado y organizado, al que la senadora María Fernanda Cabal se le inventó hasta unas “milicias urbanas”. Las supuestas milicias urbanas de una etiqueta en redes sociales que no es más que una expresión de indignación y que no pasa de ser eso, una sigla. A ese nivel de delirio, estupidez e irresponsabilidad está llegando el uribismo empotrado en el poder, criminalizando el disenso, la protesta y el derecho a la libre expresión en las redes sociales, como si allí estuviera la génesis del descontento popular; y no en el cansancio de una ciudadanía sometida, humillada, abusada y asesinada permanentemente por aquellos que deberían ser garantes de sus derechos, como si no se viniera gestando desde hace meses una bomba de tiempo social en época de pandemia, en donde el Estado hace esfuerzos ingentes para salvar a empresas extranjeras como Avianca con miles de millones de dólares, mientras las medianas y pequeñas empresas se quiebran de manera estruendosa sin salvavidas, y se pierden más de cinco millones de empleos sin que el Gobierno haga nada por estos sectores. Solo en Bogotá, el porcentaje de desempleo juvenil llegó al 34%. Hay que ser demasiado ciego, torpe e intransigente para creer que el descontento popular surge de etiquetas en las redes sociales y no de las condiciones objetivas y reales de una situación económica y social cada vez más precaria de sectores sociales cada vez más amplios, en donde a medida que la seguridad se deteriora, la actitud de la Policía contra los ciudadanos se vuelve más hostil.

A estos coros de criminalización a la protesta social y el activismo en redes sociales que provienen desde el gobierno y el partido Centro Democrático, se suman las voces de algunos activistas del uribismo, que no contentos con la muerte de ciudadanos a manos de la Fuerza Pública, se han empeñado en destrozar la imagen de las víctimas, como para dar a entender que “por algo los mataron”. Lo hicieron con Dylan Cruz cuando circularon las fotos de un joven en unas protestas en la Plaza de Bolívar de Bogotá arrancando ladrillos del piso para arrojarlos al ESMAD. Pues bien, estas fotos no eran de Dylan Cruz, eran de otra persona que aún no ha sido identificada. Y ahora con Javier Ordoñez, rotan la información con sus supuestos antecedentes penales y otra cantidad de sandeces que no vale la pena repetir acá, no solo porque la mayoría de la información es sesgada o falsa, sino porque no existe correlación alguna entre el abuso policial y el pasado de una persona, que al momento en el que fue detenido, torturado y asesinado, ya estaba reducido, indefenso y suplicando que por favor no lo agredieran más. Es decir, no basta con que los policías maten ciudadanos. También vendrán las hordas de uribistas escondidos en cuentas de redes sociales y los grupos de whatsapp, a acribillar la reputación de las víctimas.

Y para completar, como colofón de esta intrincada red de desinformación y ataques en contra de la protesta social y el activismo en redes sociales, el líder supremo de la secta, que todavía se encuentra preso en su hacienda, aparece disvariando con el galón de gasolina en la mano para exacerbar el fuego, pidiendo militarización de las ciudades, toques de queda, deportaciones masivas y capturas. Todo muy él, que no entiende nada de salidas pacíficas ni diálogos sociales.

El presidente Duque dice que no es aceptable que se le llame asesinos a los policías que están llamados a proteger a los ciudadanos. Se equivoca. Lo que no es aceptable es que los policías que están llamados a proteger a los ciudadanos se comporten como asesinos. El discurso de las manzanas podridas está desgastado por la fuerza de los hechos y llamar casos aislados a una manera de actuar recurrente, que además está documentada en múltiples denuncias judiciales y públicas, es pura terquedad, necedad y negacionismo en su máxima expresión. El exceso de fuerza en los procedimientos; la violación y los abusos sexuales a las mujeres en los CAI y en los vehículos de la institución; los homicidios a golpes como del que fue víctima Javier Ordoñez esta semana, o el de Anderson Arboleda, a quien le dieron un bolillazo en la cabeza en el Cauca; disparos a mansalva como el que acabó con la vida de Dylan Cruz; y un largo etcétera de abusos, arbitrariedades y crímenes, permiten establecer con claridad que lo que pasa en la Policía de Colombia no es extraño ni excepcional. Esto ya hace parte de la forma de actuar de la Policía y hace rato debieron haber saltado las alarmas a nivel institucional, para hacer un estudio profundo sobre el comportamiento de los miembros de esta organización y las razones estructurales que están incidiendo en esta forma de proceder.

Seguir con el discurso caduco de las “manzanas podridas” y los “casos aislados” le está haciendo un daño profundo a la Policía Nacional de Colombia. Porque entonces, cada caso se está asumiendo de manera particular y desarticulada, sin reparar en las razones sistémicas que están generando estos comportamientos. Por el contrario, se está trasladando la responsabilidad del desprestigio de la Policía como entidad a “estigmatizaciones” y “generalizaciones” de alguna parte de la opinión pública, que sin importar su orientación ideológica, serán catalogados por los sectores afines al gobierno de “izquierdistas radicales”, para descalificar cualquier análisis serio que se haga para develar la crisis ética, moral e institucional por la que está atravesando la Policía. 

Los abusos de la Policía, sumados a la defensa irreflexiva del Gobierno, que se reflejan en las declaraciones incendiarias del Ministro de Defensa, que convoca a los “colombianos de bien” para que se expresen mayoritariamente en la “defensa de la institucionalidad”, como si las críticas vinieran de los “colombianos de mal” que “atacan a la institucionalidad”, están llevando la situación a límites tremendamente peligrosos, que a los ojos miopes del Gobierno enfrentan a los colombianos de bien contra los colombianos de mal, en donde el criterio de diferenciación no es otro que si se está o no con este gobierno y con los postulados del uribismo. Es aterrador que sea desde el Ministerio de Defensa desde donde se aliente la estigmatización en contra de la oposición, sugiriendo que allí están los “colombianos de mal”. Esto solo pasa en los regímenes totalitarios, autoritarios y dictatoriales, en los cuales el disenso es criminalizado y castigado, tal como lo ha sugerido Holmes Trujillo en sus discursos después de las protestas en Bogotá.

Para terminar, resulta tremendamente preocupante la intransigencia del Gobierno Nacional para reconocer que a la Policía hay que hacerle reformas profundas para que recuperen su carácter civil y la noción de que están para proteger y servir a la sociedad y no para agredir a los ciudadanos. Pareciera más bien como si la Policía les sirviera como un mecanismo institucional para reprimir el disenso y el descontento social a través de la intimidación y el miedo, y que les es más funcional mantenerlos como los perros guardianes del establecimiento, que como una fuerza de protección y seguridad para toda la sociedad. Y esto es evidente, porque lejos de escuchar posturas reflexivas y autocríticas por parte del partido de gobierno y sus seguidores, buscando de alguna manera entablar un diálogo social amplio e incluyente, en el que se planteen reformas profundas a una Policía que día a día pierde legitimidad y credibilidad entre los ciudadanos, en la noche de las protestas tuvimos nuevamente a la Policía atropellando a los ciudadanos, golpeando a las personas y asesinando manifestantes, como lo documentan los videos de policías uniformados y vestidos de civil disparando armas convencionales a la turba enardecida. El asesinato de Javier Ordóñez no sirvió para reflexión alguna. Por el contrario, durante las protestas, hubo ocho muertos más. ¿Qué supone uno? Así no le guste, presidente, así nos siga criminalizando, Ministro de Defensa, están convirtiendo a los policías en unos asesinos.

Ojalá los policías honestos y comprometidos con la misión institucional de proteger y salvaguardar a los ciudadanos, que son muchos, se hagan conscientes del uso arbitrario que les está dando el establecimiento para que se limiten a proteger los intereses de los más poderosos. Ojalá esa gran mayoría de policías, hijos del pueblo, comprendan que se deben a toda la sociedad y no solo a las élites que los instrumentalizan. Ojalá la reflexión y la autocrítica profunda que debe llevar a los cambios estructurales y de mentalidad en esa institución, surjan de la propia Policía y encuentren eco en todos los sectores sociales que quieren la paz. Ojalá dejen de ser los asesinos del régimen para infundir el miedo en los ciudadanos y se pongan del lado de la gente común, con la que tienen contacto todos los días. Si no quieren ser llamados asesinos, violadores o corruptos, no permitan que sus compañeros sean asesinos, violadores y corruptos. El espíritu de cuerpo no es un espíritu de evasión ni encubrimiento. Es un espíritu solidario para mejorar con base en la reflexión y la autocrítica permanente. No se dejen usar. Este gobierno los está usando. Y los está usando contra su propio pueblo.

Fotografía tomada de Contagio Radio.