La secta

Por Andrés Felipe Giraldo L.

Las sectas se caracterizan por defender de manera radical creencias irracionales y sin fundamento, que van en contra de la evidencia, del sentido común, de lo probable y de lo posible. Por eso los sectarios afianzan sus creencias con la repetición de postulados que consideran incontrovertibles, sin más soporte que la fe ciega y la convicción de que lo que dice su líder es la verdad absoluta. Porque además, esta es otra característica de las sectas, siguen a uno o varios líderes que piensan por todos, que dictan la doctrina que los rige, que les dicen qué hacer, cómo y cuándo proceder, que resultan ser deidades para todos los miembros de la secta y, por lo tanto, son venerados irreflexivamente y obedecidos. Al final, los pensamientos y mandatos de los líderes resultan absolutos, dogmáticos y sagrados.

Son muchas las sectas que se pueden recordar y muchas más las que aún existen, algunas defendiendo teorías tan absurdas como que la Tierra es plana y otras con convicciones tan peligrosas que prohíben las vacunas para sus hijos, reviviendo enfermedades que ya estaban erradicadas de la humanidad. Algunas fueron más radicales y provocaron multitudinarios suicidios colectivos y enfrentamientos con las autoridades. En resumen, las sectas son grupos de fanáticos que siguen a un líder que les domina y al que le creen irreflexivamente, a pesar de la evidencia y los hechos que las desmienten.

En este orden de ideas, no es alejado de la realidad plantear que el uribismo es una secta, cuyo radicalismo se ha acentuado desde que la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dictara medida de aseguramiento en contra del líder de esa secta, Álvaro Uribe Vélez, el pasado 4 de agosto, por el proceso que se le sigue en esa Sala por soborno y fraude procesal.

La mentira más clamorosa, y que se ha convertido en un grito de batalla para la secta uribista, es que Álvaro Uribe está secuestrado por la Corte Suprema. Nunca antes un secuestro había sido soportado por una institución legítima de la rama del poder judicial del Estado con base en un documento de más de 1500 páginas en las cuales se revela parte de la evidencia de la causa y se presentan los indicios que demuestran que Uribe en libertad podría interferir en el proceso que se le sigue. A este postulado, se le suma la proclamada inocencia de Uribe, que si bien no ha sido encontrado culpable porque el proceso sigue en curso, la defensa que se hace de él no tiene nada que ver con la causa judicial, sino que se da con base en explicaciones emocionales y sin sustento jurídico, tales como que es “un gran patriota”, “el gran colombiano”, “el mejor presidente duélale a quien le duela”, “que acabó con la guerrilla”, “que le devolvió la seguridad y la tranquilidad al país” y muchos enunciados más, que lejos de ser una verdad dentro del proceso por el cual se le tiene privado de la libertad, apela al sentimentalismo y a la reacción emotiva de los seguidores, algo muy propio de las sectas. Preocupa, y en gran medida, que el principal instigador para que Uribe sea considerado inocente, a pesar de la evidencia que arroje el proceso, sea el propio Presidente de la República Iván Duque, quien no ha tenido recato en afirmar en cada escenario que ha podido con estas palabras que Uribe es inocente: “Soy y seré siempre un creyente en la inocencia y en la honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia”. Un “creyente”, dice Duque sin sonrojarse, como si la verdad judicial se basara en creencias y no en evidencias, como si los procesos judiciales se instruyeran con base en actos de fe como en la santa inquisición, y no una función jurisdiccional que debe adelantar una rama autónoma del Poder Público, dentro del sistema de pesos y contrapesos que debe regir en cualquier democracia.

Otra mentira que la secta se ha empecinado en instalar en la opinión pública es decir que el senador del Polo, Iván Cepeda, es cabecilla guerrillero de la “nueva generación de las FARC”. Por supuesto, este postulado surge como una afirmación incontrovertible del líder de la secta, a pesar de que no existe ninguna evidencia que vincule a Cepeda con el grupo guerrillero, más allá de que compartan algunas afinidades ideológicas y que Cepeda sea un acérrimo defensor del proceso de paz de La Habana. Uribe no ha acudido a las instancias competentes para denunciar a Cepeda por sus presuntos vínculos con las FARC para que lo investiguen, simplemente lo reitera de manera irresponsable y temeraria en sus trinos, sus comunicados y sus entrevistas, sin más sustento que su palabra, como cualquier líder de secta. Al padre de Iván Cepeda, el congresista Manuel Cepeda, lo asesinaron en 1994 por señalamientos similares como los que Uribe hace de Iván Cepeda. A Manuel Cepeda lo asesinaron dos militares activos, sargentos del Ejército Nacional. Por lo tanto, las afirmaciones de Uribe no se pueden tomar a la ligera, y con razón Cepeda ha denunciado al expresidente por injuria y calumnia, porque además lo está arrojando a las fauces del aparato paramilitar de Colombia, con esas sindicaciones irresponsables y sin sustento.

La secta está empecinada en minar la legitimidad y la credibilidad de la Corte Suprema de Justicia y por eso Uribe se ha dedicado a atacar a sus investigadores y a su juez natural como Senador a punta de infundios y mentiras, tratando a los magistrados de la Sala de Instrucción de mafiosos y sesgados. Incluso, se ha atrevido a decir que quienes lo “persiguen” hoy, son de la misma Corte que lo persiguió en 2009. Vale la pena recordarle a Uribe que el período máximo de un magistrado de la Corte es de ocho años y que ninguno de los magistrados que estaba en 2009 está ahora en ese Tribunal y que, además, la Sala de Instrucción que ordenó su detención fue inaugurada en el año 2018. Esos infundios y mentiras son repetidos sin cesar por sus seguidores, aunque, como era de suponer, no tienen más soporte que la palabra de su líder. Como hasta ahora la estrategia no le ha funcionado, Uribe renunció a su curul en el Senado para salirse del redil de la Corte Suprema y propiciar así que sea investigado por la Fiscalía General, que está al mando del mejor amigo del Presidente, el mismo Presidente que dice que es y que siempre será un “creyente” en la inocencia de Uribe, el mismo Presidente al que el Fiscal General Francisco Barbosa le debe su puesto. Es decir, si hay algún riesgo de parcialidad política en los procesos judiciales que se siguen en contra de Uribe es en la Fiscalía, no en la Corte Suprema. Aún no se ha definido a quién corresponde adelantar las investigaciones en contra del exsenador Uribe Vélez en esta nueva coyuntura. Lo que sí está claro es que no es tan frentero como él mismo se autoproclama y como sus seguidores creen. Está huyendo de la Corte Suprema a como dé lugar para refugiarse en la casa del mejor amigo del Presidente, del “creyente”.

A la secta se le ve desesperada, aturdida, errática sin saber qué hacer ante el apresamiento de su líder. Paloma Valencia pide que a Uribe se le aplique la misma medida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sancionó al Estado colombiano por los derechos que se le violaron a Petro y a sus electores cuando fue destituido como alcalde de Bogotá por el Procurador de la época, Alejandro Ordoñez, con base en un fallo administrativo sin que mediara sentencia judicial. Valencia pide que esta medida sea aplicada para que Uribe recupere su libertad, porque, de alguna manera, se estarían violando los derechos de sus electores, que además fueron muchos (¿?). El parangón que hace Paloma Valencia resulta preocupante para alguien graduado en Derecho de una prestigiosa universidad. En primer lugar, a Uribe no lo destituyeron de su cargo como senador. Él renunció. Segundo, a Uribe lo está investigando un organismo judicial y su orden de detención se dio por una autoridad competente de la Rama Judicial, sobre lo que la Corte IDH no se pronunció. Es decir, la decisión en contra de Uribe no se da con base en un fallo administrativo, es sobre una decisión judicial. En cuarto lugar, Petro no estuvo privado de la libertad porque ninguna autoridad judicial ordenó su detención por el caso por el cual fue destituido, por lo tanto, no fue liberado. Es decir, a la luz del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de ninguna manera se puede analogar el caso de Petro en 2012 con el caso de Uribe en la actualidad. Pretender forzar esa comparación es, sin duda, un comportamiento sectario, salido de toda lógica y, preocupante además, viniendo de una abogada.

De otra parte, se percibe cierto nerviosismo del Gobierno ante la posible extradición del paramilitar Salvatore Mancuso, quien ha dicho varias veces que quiere aportar su verdad en los procesos que se adelantan en la Justicia Especial para la Paz (JEP). Este proceso de extradición se ha frustrado porque en tres ocasiones el Gobierno ha hecho mal la solicitud, una solicitud sobre la que varios expertos han afirmado que no presenta mayor complejidad. El Presidente creyente se ha manifestado al respecto de la siguiente manera: “Salvatore Mancuso tiene graves deudas pendientes con la justicia colombiana y por eso se ha pedido su extradición. Si piensa ser deportado a Italia, acudiremos a los principios de jurisdicción universal por crímenes de lesa humanidad. Sus crímenes no quedarán en la impunidad. El futuro de Salvatore Mancuso en Colombia debe ser una cárcel. Ofrecerle caminos de ausencia de prisión y no extradición a cambio de supuesta “verdad” es una agresión a sus víctimas, que esperan sanciones ejemplarizantes”. Esa “verdad” que Duque pone entre comillas deja entrever que la verdad que tiene Mancuso para contarle a la JEP no será nada conveniente para el líder de la secta, y quizá eso tenga algo que ver con que se esté embolatando tanto la extradición. Para rematar, el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, dice con toda convicción que si Mancuso se va para Italia, el Gobierno de Colombia interpondrá un recurso para que el exparamilitar sea juzgado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De acuerdo con la investigación hecha por Colombia Check, lo dicho por Ceballos “es falso porque el Gobierno colombiano no tiene ningún recurso ante el TEDH, ya que este hace parte de un convenio del que no forma parte Colombia, ese tribunal no juzga personas sino Estados y tampoco juzga delitos penales como los que tienen en prisión a Mancuso. Así lo explicó una experta en el tema a Colombiacheck y lo hicieron ver reconocidos expertos en derecho en Twitter. Por lo tanto, ese tribunal no tendría cómo exigirle nada a Mancuso en caso de que él sea deportado a Italia”. Otra afirmación mentirosa, contraevidente y manipuladora. Es decir, otra afirmación propia de una secta.

No cabe duda de que lo que pretende el uribismo es imponer el llamado “Estado de Opinión”, un artificio conceptual y pseudofilosófico que se inventó José Obdulio Gaviria para que sea desde la “opinión pública” y no desde las instancias competentes de la institucionalidad, que se orienten los fallos judiciales y las políticas públicas, de acuerdo con los intereses más profundos y estructurales de la secta. Por eso Uribe le insiste a sus seguidores en promover un referendo para reformar la justicia, una reforma cuyo principal pilar es unificar las Cortes, de tal manera que sea más cooptable y manipulable desde el Ejecutivo. Algo muy parecido a lo que hizo Chávez en Venezuela, que convirtió al Tribunal Supremo de Justicia de ese país en una extensión de su aparato de impunidad para favorecerlo a él y de persecución contra sus opositores políticos. A este “Estado de Opinión” contribuyen sin pudor y de manera decidida los medios tradicionales del establecimiento, que se han puesto a los pies de la secta para servir de caja de resonancia de todos sus postulados y creencias, de amplificador de las mentiras e infundios del líder sin que haya quien le contraargumente o interpele, haciéndole entrevistas a la medida, que parecen más bien monólogos y discursos para que lo aplaudan, con moderadoras y no con entrevistadoras.

La secta está en el poder, controla el Gobierno y a punta de “Estado de Opinión”, manipulación mediática, manipulación de estadísticas, mentiras y desinformación, quieren movilizar a la ciudadanía como lo hicieron en el plebiscito por la paz en 2016 al sacar a la gente “berraca” a votar, como lo dijera el director de la campaña del NO del uribismo, diciéndole a la gente que los acuerdos incluían la tal “ideología de género” y otras falacias. Es deber de los ciudadanos independientes, deliberantes y pensantes, evidenciar todas estas movidas de la secta. Hay que enfatizar y hacer notar que con las sectas no se puede tranzar ni negociar, porque es imposible lograr acuerdos o puntos de entendimiento cuando la secta quiere imponer sus mentiras a como dé lugar y convertirlas en verdad a punta de manipulación y propaganda, como lo hiciera en su momento Joseph Goebbels para el régimen nazi. Porque hay que entender que este no es un asunto de aproximaciones ideológicas diferentes a una realidad, sobre las cuales se podrían encontrar puntos de acuerdo, sino una resistencia feroz de la ciudadanía a las mentiras ideologizadas que se quieren hacer mostrar como verdades a punta de “Estado de Opinión”. Al uribismo hay que descubrirlo en sus mentiras y evidenciarlo ante la ciudadanía y ante la comunidad internacional, evitar que coopten toda la institucionalidad para que se perpetúen en el poder como cualquier dictadura, lograr que organismos y veedurías internacionales acudan a Colombia para que garanticen unas elecciones limpias y apoyar irrestrictamente a todos estos quijotes que con todo coraje se están enfrentando al establecimiento y a los medios tradicionales para evidenciar las movidas de la secta como lo han hecho los periodistas Julián Martínez y Gonzalo Guillén que han revelado la ñeñepolítica, las investigaciones profundas juiciosas de Daniel Coronell y Yohir Akerman, entre otros periodistas y opinadores valientes que se me escapan en este momento, por lo cual me disculpo.

A la secta uribista hay que reducirla en el ámbito intelectual, evitando la interlocución con ellos como se le niega la interlocución a cualquier grupo sectario, extremista y violento, y hay que derrotarlos en las urnas, garantizando primero que exista la transparencia y la imparcialidad para que eso sea posible. Este es el punto más complejo, pero para ello hay una comunidad internacional atenta e interesada en que se respeten los principios básicos de la democracia, especialmente en América Latina. Hay que apelar ello para salvar lo poco de democracia que queda en Colombia. Este es un deber con el que debemos ser coherentes y consecuentes durante los próximos dos años y cuyos frutos se deberían ver reflejados en las urnas en 2022. Ojalá en 2022 no estemos coronando al heredero de la secta, al hijo del ungido, al que dice con cara de compungido que su padre está secuestrado en una Hacienda de 1500 hectáreas con todas las comodidades y con todos los medios a su disposición. En ese caso ya no estaríamos hablando de la secta. Ya seríamos parte de ella, seguramente como sirvientes y esclavos. Y ya Colombia no se llamaría Colombia, sino El Ubérrimo.

Fotografía tomada de la página de caracol.com.co