Por Andrés Felipe Giraldo L.
Sin duda, la noticia más importante en Colombia (aparte de la pandemia por el COVID-19 que es una tragedia a nivel mundial), es la orden de detención domiciliaria que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dictó contra Álvaro Uribe Vélez por el proceso que se le sigue por soborno a testigos y fraude procesal. Sobre el proceso, sus implicaciones, causas y consecuencias, ya se ha escrito lo suficiente en uno u otro sentido. Por eso no me referiré a los hechos que motivaron dicha medida, sino sobre el efecto que este hecho ha causado en sus seguidores, algunos hilarantes, otros realmente preocupantes.
Después de que se hiciera oficial la medida de detención preventiva en contra de Uribe el pasado martes 4 de agosto, este reaccionó entre desconcertado, desubicado y afectado, y se limitó a publicar un escueto tuit en el que dejaba ver su tristeza por la decisión. Nada más. Sin embargo, los seguidores de Uribe reaccionaron (y siguen reaccionando) de diversas maneras, unas más erráticas que otras, con distintos grados de impacto e implicaciones. La reacción más preocupante es la de Iván Duque, cuyo discurso apaciguador en los momentos difíciles (que han sido todos desde que se posesionó), es que él es el Presidente de todos los colombianos, regularmente convoca a la unidad y apela a los sentimientos patrióticos y nacionalistas para hacer creer que todos estamos del mismo lado. Pero con el caso de Uribe ha tomado partido abierta y descaradamente, ha desconocido por completo la independencia de la Rama Judicial y el derecho que le asiste a las víctimas de Uribe para que se le investigue y se le procese con imparcialidad, y ha manifestado con vehemencia y sin asomo de duda que Uribe es inocente, soportado en un inverosímil principio que se acaba de inventar y que podríamos denominar como “presunción de honorabilidad”, que de acuerdo con su lógica debería cubrir a todos los exmandatarios por haber sido garantes de la Constitución y la Ley. Extraño principio este que no tiene ningún sustento jurídico, y contradictorio, además, teniendo en cuenta que Uribe modificó la Constitución para hacerse reelegir y que de este trámite legislativo resultaron presos dos de sus ministros y dos congresistas, los dos primeros acusados de sobornar con prebendas burocráticas a los dos segundos para que aprobaran “el articulito” con el que se modificó la Constitución para la reelección de Uribe. A esto se suma que Uribe no logró hacerse reelegir para un tercer período porque la Corte Constitucional del momento se lo impidió. Así que resulta un tanto cuestionable sostener esta teoría de la “presunción de honorabilidad”, mucho menos para un mandatario que modificó la Constitución para perpetuarse en el poder, algo que atenta contra la democracia misma.
Por su parte, los alfiles de Uribe en el Congreso reaccionaron de diferentes maneras. Todos los representantes y senadores del Centro Democrático rechazaron la medida acusando a la Corte Suprema de perseguir a Uribe y de estar sesgada en su decisión. La senadora Paola Holguín fue más allá y convocó a las reservas activas de las Fuerzas Militares con un comunicado en el que las conminaba a defender “la justicia, el Estado de Derecho y la democracia”. Paradójico llamado a un grupo de excombatientes con influencia en las fuerzas armadas para desconocer una decisión de una Alta Corte de la Nación.
La senadora Paloma Valencia, que desde hace días viene haciendo una defensa mística de su mentor, hizo un llamado al Senado para convocar una constituyente con el fin primordial de reformar la justicia para conformar “una sola Corte única, que le permita unificación, claridad y predecibilidad al sistema (…) una sola Corte con magistrados íntegros y que no tengan ninguna puerta giratoria con la política”. Me pregunto qué significará el concepto de “predecibilidad” para el Centro Democrático en cuanto a fallos judiciales sobre múltiples materias, y lo único que se me ocurre es que lo predecible es que los fallos les favorezcan. Y aún menos entiendo qué entienden los uribistas por “magistrados íntegros”, si los magistrados que tomaron la decisión de asegurar a Uribe no tienen investigaciones en su contra ni manchas en sus respectivas hojas de vida. Luego, la integridad de los magistrados es que sean afines a las posturas del uribismo. Los uribistas miden la integridad de los funcionarios (y en general de las personas) con este rasero, porque si hablamos de “puerta giratoria” entre los altos dignatarios de la justicia y la política, hay que recordar que ellos reclutaron al exprocurador Alejandro Ordoñez y a la exfiscal Vivian Morales con fines electorales, solo para tomar un par de ejemplos. Valencia también recalcó el interés que tiene el Centro Democrático en acabar la Justicia Especial para la Paz (JEP), algo en lo que han insistido con vehemencia y que lo vienen haciendo de alguna manera, porque el Gobierno ya le redujo el presupuesto a este mecanismo de justicia transicional y Duque la ha atacado permanentemente desde la Presidencia cuestionando siempre su autoridad, legitimidad y capacidad. Para nadie es un secreto que los uribistas no temen tanto a la impunidad que se propicia en la JEP que favorece a las FARC (aunque ese sea su discurso), teniendo en cuenta que siempre exigen impunidad para los suyos (por ejemplo Andrés Felipe Arias y el propio Uribe), sino a la verdad que viene emergiendo en esos tribunales y que implica gravemente a los cuadros y patrocinadores de ese partido con la conformación, financiación y apoyo logístico y político de los grupos paramilitares desde los años ochenta, una verdad que ellos ocultan y que se niegan a reconocer como un gesto de paz.
Los funcionarios del Gobierno tampoco se han marginado del debate. Darío Acevedo, director del Centro Nacional de Memoria Histórica, el día que privaron de la libertad a Uribe trinó en Twitter en catorce oportunidades manifestándose en contra de la medida y sugiriendo cambios a la justicia para evitar este tipo de arbitrariedades, según su parecer. Es preocupante que la persona encargada de mantener el equilibrio en la historia del conflicto en Colombia evidencie sus prejuicios y sesgos de una manera tan directa y sin ningún disimulo. Pero bueno, justamente por esos prejuicios y esos sesgos fue que lo pusieron en ese cargo. El propio José Obdulio Gaviria justificó el nombramiento de Acevedo sobre este presupuesto. Lo que pasa con Darío Acevedo no es aceptable para un país que pretende rescatar la memoria del conflicto sobre la base de la verdad, pero era perfectamente predecible ese nombramiento en el gobierno de Duque. Es decir, en el gobierno de Uribe.
Alfredo Rangel, ideólogo de ocasión del uribismo, dado que se quemó en las últimas elecciones legislativas, trinó de la siguiente manera: “El encerramiento de Uribe es el primer paso del chavismo criollo para tomarse el poder en el 2022. No pasarán !! (sic) Brotarán uribistas de debajo de las piedras para impedirlo. Sus enemigos han despertado un gigante dormido.” Es difícil identificar si este es un trino de un fanático dolido o un versículo perdido del apocalipsis. A ese nivel de idolatría y fanatismo han llegado. Además, Rangel debería recordar que Chávez empezó a consolidar un gobierno dictatorial cuando empezó a desconocer las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ). Después del intento de golpe contra Chávez en 2002, el TSJ se conformó únicamente con magistrados adeptos al Gobierno. Así se perdió para siempre la independencia de la Rama Judicial en Venezuela. Justo lo que quiere hacer el uribismo. Es decir, que si algo nos acerca al chavismo no es una decisión autónoma de una Sala de la Corte Suprema de Justicia en contra de un expresidente, a quien además se le está investigando como Senador, sino el deseo irracional del uribismo por desconocer esa decisión y de paso aprovechar para reformar la justicia para hacer una Corte única a su medida.
No me voy a detener en el aplauso solitario al aire de Jorge Cárdenas desde la azotea de un edificio en Cali o en las lágrimas del pastor youtuber Oswaldo Ortiz porque “si Uribe es un delincuente entonces todos sus seguidores son delincuentes”, porque no merecen mayor atención. Pero sí le quiero dar la tranquilidad a Ortiz al decirle que la responsabilidad penal es individual, y que a él solo lo podríamos acusar de ser un tanto melodramático y en exceso histriónico, lo que lo hace ver patético, pero eso no da cárcel. Lo que sí inquieta es que la mayoría de medios de comunicación tradicionales en Colombia hayan cerrado filas en torno a Uribe y viene tomando fuerza a partir de sentidas columnas de opinión y de desinformación que quieren hacer pasar por información, que la popularidad de Uribe, o que muchos lo consideren el mejor presidente duélale a quién le duela, le da un manto de impunidad, una especie de inmunidad, que a la luz del “Estado de opinión”, obliga a la justicia a proceder de manera especial y casi que preferencial en contra de Uribe, más allá de los fueros que lo cobijan por los cargos que ha ocupado. Desde los medios se viene promoviendo una inmunidad casi que sacramental en favor de Uribe, y hasta la gerente de la Revista Semana, Sandra Suárez, quien fuera ministra de Uribe, se ha sumado a esta causa firmando un comunicado de respaldo al exmandatario. Esta postura va muy en sintonía con “la presunción de honorabilidad” que se inventó Duque, que son ficciones que apelan más al sentimentalismo por Uribe que al ordenamiento legal vigente.
Para terminar este resumen, vale la pena evidenciar la campaña que vienen promoviendo algunos tuiteros uribistas para dejar sin trabajo a los “mamertos” en sus respectivas empresas, la mayoría de esas empresas imaginarias con nóminas inexistentes de cuentas fantasmas, pero que dejan entrever el grado de macartización que permea la mentalidad uribista, incapaces de entablar diálogos o debates constructivos o serios, carentes de argumentos y llenos del resentimiento que ellos le adjudican a los “mamertos”, solo que con un arribismo increíble, ridículo además en un país en el que la pobreza supera el 40%, en medio de una pandemia que va a llevar a que esta cifra suba dramáticamente. Sobre las caravanas de vehículos de apoyo a Uribe, en las que se oyen con más firmeza más los “páseme la pistola”, que las propuestas o las demandas concretas, tampoco vale la pena hacer ninguna alusión especial.
Lo que ha permitido ver este episodio de la privación de la libertad de Uribe a través de la medida de aseguramiento que le dictó la Sala de Instrucción de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, es que las sospechas que todos teníamos sobre el uribismo son ciertas. Son una secta tremendamente fanatizada, carente de argumentos y blandita para estructurar una propuesta política sin que le dejen ver las enaguas a sus pretensiones dictatoriales. Preocupa que el Presidente de la República esté tan fanatizado como cualquier seguidor de pueblo y que por razones clientelistas y componendas políticas ese Gobierno tenga mayorías en el Congreso. Preocupa, porque esto indica que efectivamente la independencia de la Rama Judicial corre peligro, y que en este marco podría prosperar una reforma constitucional mediante la cual se coopte a la única Rama que soporta la institucionalidad y el precario equilibrio de poderes en Colombia en este momento.
Ojalá los ciudadanos que no comparten la ideología y las maneras del Centro Democrático y del uribismo en general, reaccionen a tiempo para proteger la independencia de las Altas Cortes para que sigan siendo el muro de contención de la dictadura, porque lo que se ha evidenciado en este episodio es que el uribismo sin Uribe es mucho más radical, peligroso, insensato y beligerante que el uribismo cuando está meticulosamente cuidado y contenido por Uribe como el gran patriarca que es de su movimiento. Pero a la vez, el uribismo sin Uribe se ha mostrado mucho más desarticulado, desordenado, errático, intemperante y torpe como movimiento político; carente de liderazgos genuinos o sostenibles sin Uribe, algo que debería llamar la atención de los ciudadanos que aún no están alienados por esa corriente política para que piensen mejor su voto en las elecciones legislativas y presidenciales para 2022, para que resurja la democracia plural y deliberante y no broten uribistas de debajo de las piedras, a ver si al fin podemos dejar esta era malsana y personalista de la política en Colombia que ya lleva más de 18 años.
Fotografía tomada del Portal de El Tiempo.
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