El hilo infanticida

Por Andrés Felipe Giraldo L.

No me preocuparía que estos argumentos hubiesen sido esgrimidos si no fuera porque los expone una persona que estuvo a una talla de crocs de ser presidente de Colombia y que seguramente seguirá intentándolo. Son tan inconsistentes y contradictorias sus afirmaciones, que en voz de otro no serían más que una reacción impulsiva e infantil de alguno de los millones de seguidores acríticos e irreflexivos que tiene el uribismo y que oscilan entre la intransigencia y la indiferencia a la hora de defender a este impopular e ineficiente gobierno de Iván Duque.

Sin embargo, teniendo en cuenta la posición privilegiada del “analista”, que le habla al oído al presidente y al que seguramente veremos en un alto cargo del Estado en breve, no puedo dejar de pasar esta oportunidad para evidenciar la gravedad de las implicaciones que tienen sus afirmaciones: Determinar como “blanco legítimo” a los menores de edad a la luz del Derecho Internacional Humanitario (DIH), como falazmente lo quiere hacer ver Rafael Nieto Loaiza, el personaje del que hablo y que lamento mencionar para darle visibilidad, roza con una incitación al infanticidio desde la respuesta armada de la institucionalidad. Por eso, de ahora en adelante, solo me referiré a este sujeto como “él”.

Para los que quieran ver el hilo lo pueden ver a partir de este enlace. Si prefieren omitirlo, tranquilos, no se pierden de ninguna verdad ni de nada interesante: https://twitter.com/RafaNietoLoaiza/status/1192088085481295872

En primer lugar, resulta manipulador, desinformador e irresponsable que los ocho menores que fueron masacrados como resultado del bombardeo de las Fuerzas Militares a un campamento de un grupo de delincuentes sean tendenciosamente identificados por él como miembros de las FARC. El  cabecilla del grupo bombardeado que respondía al alias de “Gildardo Cucho”, ni siquiera se acogió al proceso de paz de La Habana y siguió delinquiendo (ver tuits del 5 al 8). Está claro que las FARC entregaron las armas e iniciaron un proceso de sometimiento a la Justicia Especial para la Paz y de reinserción a la civilidad a pesar de los múltiples obstáculos que el gobierno de turno les ha puesto. Igualar al grupo de “Gildardo Cucho” con las FARC no es inocente. Claramente él tiene la intención de fijar en el inconsciente colectivo que el proceso de paz con las FARC jamás sucedió y que, independientemente de su desmovilización, a todos los que fueron de esa guerrilla se les debe seguir equiparando con los delincuentes que siguen armados y delinquiendo en todo el territorio nacional como grupúsculos desarticulados de narcoterroristas. Es decir, tiene una clara intención de continuar profundizando el estigma en contra del proceso y de los desmovilizados.

En segundo lugar, resulta extraño y contradictorio que un representante del partido que sostiene como una tesis dura de su ideología que en Colombia no existe conflicto armado interno, si no amenaza terrorista, tome como base de defensa del accionar de las Fuerzas Militares el Derecho Internacional Humanitario (DIH), que está concebido específicamente para conflictos bélicos ya sean internos o externos. En ese orden de ideas, pareciera que el uribismo está avanzando hacia la aceptación del conflicto armado interno; pero no, es otra estrategia de manipulación para usar la legislación internacional a su favor. Sin embargo, esta es otra falacia como entraré a explicar a continuación.

Él usa la expresión DIH sin mayor profundidad ni explicación para descrestar incautos. Simplemente lo menciona para señalar que a la luz de esta rama del Derecho Internacional Público, los menores combatientes prácticamente dejan de ser niños para convertirse en “blanco legítimo” de las Fuerzas Militares. Como ya lo señalé, esta teoría alienta una propuesta perversa a favor de un infanticidio cruel y sistemático con unas consecuencias que podrían ser aterradoras si no se rechaza y se condena con firmeza esta posición que yo califico, sin asomo de duda, de criminal.

El DIH surgió como un acuerdo mundial paralelo al Sistema de Naciones Unidas como respuesta a la deshumanización extrema que experimentó el mundo después de la segunda guerra mundial, en la que se emplearon métodos crueles, masivos y despiadados de tortura y aniquilación. La esencia e intención del DIH es justamente la humanización del conflicto y esto parte de un supuesto básico, y es que detrás de cada combatiente existe una persona a la cual, independientemente del contexto bélico, se le deben respetar en la medida de lo posible unas condiciones mínimas y unos derechos básicos para que, a pesar de la guerra, las personas no pierdan el carácter de humanos. Por lo expuesto, resultaría hasta hilarante, si no se tratase de un caso tan doloroso, que él empiece su retahíla afirmando que se trata de “precisiones técnicas”, cuando de entrada está desconociendo la esencia y el sentido mismo del DIH al ubicar como eje de discusión al combatiente por encima del ser humano cuando la lógica del DIH es inversa. No son precisiones técnicas, en realidad son interpretaciones reduccionistas, convenientes y amañadas. En otras palabras, es una tergiversación del DIH para defender la actuación criminal de un gobierno y sus fuerzas militares. Así de simple.

Por ejemplo, en el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados que se firmó en el año 2000 y entró a regir en el año 2002, que está dentro del marco del DIH, se establece con claridad en el tercer párrafo de la exposición de motivos lo siguiente: “Condenando el hecho de que en las situaciones de conflicto armado los niños se conviertan en un blanco, así como los ataques directos contra bienes protegidos por el derecho internacional, incluidos los lugares donde suele haber una considerable presencia infantil, como escuelas y hospitales”.

Es evidente que dentro del DIH uno de los presupuestos fundamentales es no solo evitar, sino además condenar que los niños sean blanco de las acciones bélicas. Siempre serán más niños que combatientes y por lo tanto, nunca serán considerados blancos “legítimos”. En otras palabras, por el hecho de que los niños sean combatientes, no pierden su condición de niños. Por el contrario, los niños cuentan con medidas especiales de protección por tratarse de personas protegidas, una categoría  especial que establece el DIH sobre poblaciones especialmente vulnerables.

Y como si estos argumentos no fueran suficientes para controvertir desde el mismo DIH las tesis criminales de él, la UNICEF estableció unos derechos específicos para niños, niñas y adolescentes que hacen parte de la legislación internacional obligatoria para los países vinculados entre los cuales se encuentra Colombia. Estos derechos no se suspenden ni se transforman en el caso de los niños combatientes. Por el contrario, se suponen en una flagrante y continua amenaza porque si un niño entra a un conflicto como combatiente, se sabe de antemano que se le están violando todos sus derechos porque las guerras van en detrimento de la inocencia y de la propia infancia del menor que termina con un arma en su hombro. De este modo, un niño combatiente es una víctima, ya sea porque fue reclutado obligatoriamente o porque el contexto sociocultural que circunda su vida lo llevó a tomar las armas como parte de su supervivencia, siendo el Estado incapaz de garantizar el bienestar de todos sus infantes que sin más oportunidades o salidas terminan engrosando las filas de los grupos armados, como es el caso de Colombia.

Otro de los argumentos que usa él para sostener la tesis absurda sobre la conveniencia y legitimidad de la operación en la que resultaron despedazados al menos ocho infantes, es el hecho de que no se pueda usar la fuerza contra niños combatientes incentivará el reclutamiento de menores por parte de los grupos armados. Esta afirmación es propia de alguien que desconoce la dinámica histórica del conflicto armado en Colombia y que opina desde la comodidad de su escritorio sin mayor análisis de situación y contexto. Él debería saber que el reclutamiento o la incorporación de menores a los grupos armados no corresponde a una razón estratégica para evitar los ataques de las Fuerzas Militares. El reclutamiento y la incorporación voluntaria de menores en dichos grupos corresponde a múltiples factores asociados con las difíciles circunstancias que se viven en muchas regiones de Colombia en donde la vía armada es una de las salidas a la miseria y la pobreza agobiantes que padecen; entre otras razones, por un abandono total del Estado que solo aparece, cómo no, con sus fuerzas armadas para reprimir a la población con intimidación o ataques sobre el supuesto de que son colaboradores de los grupos armados ilegales. Y no solo los grupos subversivos han reclutado menores. Aunque en menor proporción, los grupos paramilitares también lo hicieron. Tal práctica quedó evidenciada en los pactos de Santa Fe de Ralito en donde los paramilitares que entraron a ese proceso lo tuvieron que reconocer y proceder en consecuencia con la desmovilización de estos menores.

Con la anterior exposición no quiero minimizar ni soslayar la inmensa responsabilidad que le cabe al grupo armado ilegal residual que reclutó y sometió a estos niños a las dinámicas infames del conflicto y la guerra. No quiero restar importancia al crimen atroz que significa sacar a niños y niñas de sus contornos familiares y sociales para obligarlos a empuñar armas con el fin de defender una causa que ya no es tal y que solo responde a la ambición desmedida de un grupo de delincuentes que quieren seguir traficando drogas, asesinando, extorsionando y secuestrando. Todo eso es repudiable y como es lógico desde mi perspectiva lo repudio, lo condeno y lo rechazo vehementemente. Pero es que de los grupos delincuenciales no se espera más. Es lo que hacen, delinquir. Rebajar al gobierno y a sus fuerzas militares a ese nivel y darles el mismo trato desde el punto de vista de lo que se espera que hagan con los menores en medio del conflicto, es reconocer implícitamente que el Estado está fallando en la protección de sus menores y que para ese Estado es mucho más importante acabar con los grupos armados (incluyendo a los niños que militan en estos) que mejorar las condiciones de vida y de bienestar de las personas que habitan en determinados territorios. En otras palabras, se está privilegiando el aspecto militar sobre el aspecto humano, una fórmula tradicional del uribismo en el poder que en el pasado ya dejó más de cinco mil inocentes masacrados, disfrazados de guerrilleros y pasados como si hubiesen sido bajas en combate cuando fueron sacados con engaños de sus viviendas o capturados aleatoriamente en los caminos y las veredas.

En conclusión, ningún niño podría ser “blanco legítimo” de un bombardeo de las Fuerzas Militares a la luz del DIH. Los niños no pierden su carácter de niños por el hecho de ser combatientes de acuerdo con el DIH como falsamente pregona él. El deber del Estado es agotar todos los mecanismos disponibles para sacar a esos niños vivos y no en pedazos de las filas de los grupos armados ilegales y para esto el gobierno debe ser más creativo que insistir única y exclusivamente en la vía militar. Quizá si esos niños tuvieran más y mejores oportunidades en los campos de Colombia, si sus escuelas estuvieran bien dotadas y sus maestros protegidos, si sus familias se pudieran alimentar de lo que siembran y crían sin estar corriendo bases por culpa de la violencia, estos niños no se habrían visto obligados a tomar las armas por una u otra razón. Pero desafortunadamente estamos gobernados por un régimen que prefiere dispararles a los niños antes que protegerlos. Un régimen defendido por un grupo de “analistas” como él, quienes desde sus privilegios desconocen las difíciles circunstancias de la infancia del país y que a esta hora están compitiendo entre sí por aprenderse de manera inequívoca la talla de los crocs del líder de la secta para aspirar a ser el próximo presidente de Colombia.

No podemos seguir gobernados por personas que no conocen ni se conduelen por la realidad triste que los rodea, porque esto conlleva a exabruptos como que desde la simplificación absurda de una realidad dolorosa y compleja se termine afirmando de manera infanticida y criminal que los niños son “blancos legítimos” de un bombardeo militar.

Fotografía tomada del portal Voices of Youth