El colombiano preso en Tanzania y los mercenarios de Haití

Por Andrés Felipe Giraldo L.

El pasado 7 de julio fue asesinado el Presidente de Haití Jovenel Möise y su esposa quedó gravemente herida. Esto sucedió en la propia casa del mandatario, en Puerto Príncipe, en horas de la madrugada. Pasó poco tiempo para que la policía de ese país hubiera dado de baja a tres de los presuntos participantes en el magnicidio y capturado a otros tantos en hechos que todavía son materia de investigación. Los tres asesinados eran mercenarios colombianos. La mayoría de los capturados, también. Las cifras aún son confusas, pero se habla de la participación de entre 18 y 26 mercenarios colombianos, exmilitares del Ejército Nacional.

La reacción inicial del gobierno colombiano, en voz de la canciller Marta Lucía Ramírez, fue la de afirmar que los militares colombianos no son mercenarios y que fueron engañados para ir a Haití para prestar servicios de seguridad. Esta versión se ha ido cayendo a pedazos con el pasar de los días. Al parecer, al menos algunos de esos mercenarios sabían que iban para matar el Presidente Möise. Estos hechos están salpicando a figuras relevantes de la política en Haití y a empresas de seguridad internacionales. Es difícil prever por el momento qué alcances tendrán las diferentes investigaciones. Sin embargo, el gobierno colombiano está muy preocupado por la integridad física y psicológica de los mercenarios capturados y apresados en Haití. El pasado 12 de julio el vicecanciller Fernando Echeverri se reunió con el Embajador de Haití en Bogotá, Jean Mary Exil, para pedir oficialmente por parte del gobierno de Colombia que se respeten las garantías y los derechos de los ciudadanos colombianos que están siendo procesados por estos hechos. El vicecanciller también se ha reunido con los familiares de los mercenarios para informarles sobre las gestiones del Ministerio de Relaciones Exteriores en este caso. Además hoy, 25 de julio, se desplazará una misión consular del gobierno colombiano a Haití “para verificar las condiciones en las que se encuentran los connacionales detenidos en ese país” según reza el comunicado oficial de la Cancillería. Dicha misión estará liderada por el Embajador de Colombia en República Dominicana, dos funcionarios de esa Embajada y el cónsul honorario en Puerto Príncipe. Todo un esfuerzo diplomático para velar por la integridad física y psicológica de los detenidos.

Mientras tanto, a 12.500 kilómetros de Puerto Príncipe, la situación para el ciudadano colombiano Andrés Felipe Ballesteros en la cárcel Keko de Dar Es-salam en Tanzania, es muy distinta. Como lo he contado acá en varias columnas y otros tantos artículos, Ballesteros fue retenido por la policía tanzana en el aeropuerto de Dar Es-salam en agosto de 2014 porque, según esas autoridades, estaba entrando estupefacientes a ese país. Las irregularidades e inconsistencias en su proceso han sido tantas, que el juez Hon Matupa ordenó su libertad en junio de 2019 porque la Fiscalía no fue capaz de mostrar la responsabilidad de Ballesteros en el delito que se le imputaba, cinco años después de su captura. Sin mediar razón alguna, y violando un principio universal del Derecho como lo es el “non bis in idem”, es decir, que no se puede juzgar dos veces a una persona por los mismos hechos, la Fiscalía tanzana volvió a apresar a Andrés Felipe y le abrió un nuevo proceso, sin que hasta el momento exista si quiera una fecha estimada para un juicio. Así pues, Andrés Felipe Ballesteros lleva casi siete años encerrado en una prisión miserable de Tanzania que tiene cupo para 300 reos y que en este momento alberga unos 1500 en condiciones deplorables, sin que haya ni siquiera una sentencia que lo condene y cuyo único antecedente judicial es una sentencia absolutoria.

En septiembre de 2019, cuando publiqué el primer reportaje sobre el caso de Ballesteros Uribe, se presentó una reacción en cadena de varios medios que amplificaron el caso y por un momento pareció que la Cancillería asumiría una tarea más efectiva para velar por los derechos de Andrés Felipe y, principalmente, que haría las gestiones necesarias ante las organizaciones internacionales competentes para obtener su libertad, pero no fue así. El 1° de octubre de 2019 la Cancillería expidió un comunicado en el que daba cuenta de su gestión en este caso. Dicho comunicado lo pueden ver acá: https://www.cancilleria.gov.co/en/newsroom/news/caso-connacional-preso-tanzania. Lo primero que revela este comunicado es que las gestiones de la Cancillería colombiana en torno al caso de Ballesteros iniciaron en 2017. Es decir, casi tres años después de que fuera apresado por la policía tanzana. Qué diferencia con el caso de los mercenarios colombianos, dado que no ha pasado ni un mes y ya están enviando una misión consular. Lo segundo que revela este comunicado, es que las notas verbales y las gestiones consulares propiamente dichas ante el gobierno de Tanzania, iniciaron en 2019, es decir, cinco años después y por la coyuntura del fallo del juez Hon Matupa absolviendo a Ballesteros. Sin embargo, nada de esto ha tenido un efecto real para lograr la libertad de Andrés Felipe Ballesteros. Además, en ninguna parte del comunicado se da cuenta de que hayan emprendido acciones ante los organismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que tiene sede en Suiza, que además tiene un grupo de trabajo que atiende específicamente el tema de detenciones arbitrarias. Y la razón es simple, el gobierno colombiano no ha agotado esa instancia. En otras palabras, la gestión del Consulado colombiano en Nairobi, al que le corresponde atender a los connacionales en varios países de África incluyendo Tanzania, se ha limitado a rogatorias que han sido sistemáticamente ignoradas por las autoridades tanzanas, mientras Ballesteros Uribe se sigue pudriendo en la cárcel de Keko.

Como lo anunciamos acá, a Andrés Felipe Ballesteros se le abrió una luz de esperanza a raíz de la muerte del anterior presidente de Tanzania John Magufuli en el mes de marzo. La nueva presidente de ese país, Samia Suluhu, se comprometió a combatir la corrupción en el país y entre las acciones que tomó estuvo la de destituir al anterior Fiscal de Tanzania, quien está siendo procesado por hechos de corrupción. Biswalo Mganga fue sin duda el mayor obstáculo para que la situación de Ballesteros Uribe se resolviera. El nuevo Fiscal de ese país, Sylvester Mwakitalu, estuvo un mes en Dar Es-salam revisando casos de la cárcel de Keko, lo que se presentaba como una oportunidad de oro para que la diplomacia colombiana expusiera el caso para avanzar con el fin de resolver con prontitud la situación jurídica de Ballesteros Uribe. Sin embargo, cuando Juan Carlos Ballesteros, hermano de Andrés Felipe y quien ha estado al frente de esta situación, le preguntó al nuevo cónsul en Nairobi sobre las gestiones de la Embajada para la libertad de su hermano, su respuesta fue, como en los últimos años por parte de otros funcionarios, que están haciendo lo posible para contactar directamente al Fiscal pero que no ha sido posible, que la Embajada ha elevado el caso entre los ministerios de justicia y que siguen adelantando el trámite por vía diplomática. Es decir, el mismo trámite que no ha servido para nada. Y así, la luz de esperanza para Andrés Felipe se está apagando nuevamente.

Por supuesto que está bien que la Cancillería colombiana se preocupe por sus connacionales detenidos en Haití para que se les garanticen sus derechos. Más allá de la culpabilidad o inocencia de los implicados, al gobierno colombiano le corresponde velar por los derechos de sus ciudadanos en cualquier parte del mundo. Es su labor. Pero irrita la desidia y la paquidermia con la que esa misma Cancillería ha actuado en el caso de Andrés Felipe Ballesteros, preso en Tanzania. Han pasado siete años y este ciudadano se sigue deteriorando en una cárcel inhumana sin siquiera un fallo que lo condene. Las acciones de la Embajada en Nairobi son evidentemente insuficientes y extraña que hasta el momento, después de tanto tiempo, no se hayan agotado las gestiones ante Naciones Unidas para que se respeten los convenios y tratados internacionales por el respeto de los Derechos Humanos de un ciudadano detenido arbitrariamente. Genera escozor que existan ciudadanos colombianos presos en el exterior de primera y segunda categoría de acuerdo con la relevancia de los hechos por los cuales se les está investigando o por la alcurnia del implicado.

¿En dónde está la misión consular de alto nivel velando por los derechos de Andrés Felipe Ballesteros? ¿En dónde está el vicecanciller reuniéndose con la familia Ballesteros Uribe? Esporádicamente la Embajada en Nairobi envía un funcionario para verificar que siga vivo y para atender algunas gestiones humanitarias. Pero este caso se diluye en el olvido a no ser que los medios lo pongan bajo los reflectores, y eso solo pasó en 2019. Mientras tanto, a Andrés Felipe Ballesteros Uribe le siguen pasando los años sin poder conocer a su hijo Nikolay, que tiene la misma edad que él lleva preso.

Ojalá Mónica de Greiff, actual Embajadora de Colombia en Kenia, asuma este caso con la humanidad y la seriedad que merece. Ella ha sido una funcionaria curtida, exministra de Justicia y conoce muy bien los organismos internacionales de Derechos Humanos que podrían coadyuvar para que a Andrés Felipe se le resuelva su situación lo más pronto posible. Ballesteros Uribe cumplirá 34 años en agosto y desde poco antes de cumplir los 28 perdió su libertad. Una juventud entregada a las fauces de la injusticia, en un país lejano y ajeno, mientras la diplomacia colombiana se dedica a aplicar pañitos de agua tibia y a sacar excusas muy diplomáticas sobre este caso que lleva siete años sin resolverse; y mientras tanto, activa todo un arsenal de funcionarios consulares y gestiones internacionales para atender a los presuntos magnicidas del Presidente de Haití. Las prioridades diplomáticas del gobierno de Colombia deberían concentrarse en sus ciudadanos injustamente apresados. Es lo que los ciudadanos del común esperarían.

Fotografía tomada de France 24.