Por Johanna Bazurto y Andrés Felipe Giraldo L.
Con las anteriores entregas y con el caso que presentamos a continuación, hemos podido evidenciar que a la Superintendencia de Sociedades no hay quién la supervise, vigile y controle y, sobre todo, no hay quién le ponga freno a las decisiones arbitrarias y perjudiciales que toma esa entidad cuando se adjudican procesos de insolvencia económica sobre algunas empresas y/o sociedades.
En la entrega pasada, mencionamos algunos de los detalles irregulares y procesos ventajosos a favor de terceros que ha ejecutado la empresa delegada de la Superintendencia de Sociedades, en la liquidación del desaparecido Holding empresarial DMG.
Hoy expondremos el caso de otra de las víctimas de la Supersociedades, una comunidad de 151 familias campesinas en Beltrán, Cundinamarca, propietarios de la finca Las Guacharacas. Actualmente cursa un proceso de demanda instaurado por estos campesinos ante un juzgado civil del circuito de Honda -Tolima, en contra de la Empresa Agrícola Guacharacas SAS, quienes adquirieron, mediante una compra ilegal el 86% de la finca mencionada y poco después se declararon en insolvencia para no cumplir con los acuerdos pactados con los campesinos. Pese a que el proceso de compra de la finca fue fraudulento, esta empresa está siendo favorecida por la Superintendencia de Sociedades. A continuación explicamos por qué:
En 2019, y estando impedida para hacerlo, una funcionaria de la Supersociedades emitió una orden al juez promiscuo de Beltrán – Cundinamarca, para que en enero de 2020 los campesinos fueran desalojados de Guacharacas y la finca fuera entregada a sus compradores ilegales. El juez encargado no llevó a cabo esta orden al constatar irregularidades en la misma.
La historia de la finca Las Guacharacas se remonta a 1997, cuando 151 familias campesinas apoyadas con créditos del Gobierno, compraron las 2.072 hectáreas que comprendían el predio. Esta adquisición fue producto de la ley 160 de 1994 que reguló los baldíos y favorecía a ciertas comunidades víctimas del conflicto armado en Colombia. Debido a que la adquisición se realizó con créditos del Estado, los campesinos tuvieron que crear la Empresa Comunitaria Guacharacas. Esto, para generar compromisos legales de trabajar la tierra con el fin de pagar dichos créditos y garantizar que no podrían vender el predio antes de 12 años sin el aval de la junta directiva del INCORA, que luego pasó a ser el INCODER (liquidado en 2015) y que hoy está adscrita al Ministerio de Agricultura como la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que fue el ente gubernamental que entregó la tierra a los campesinos.
La crisis inició para las familias campesinas en 2005, cuando se empezaron a retrasar con los pagos de los créditos y el Banco Agrario inició un proceso administrativo en su contra. A partir de esta situación entran en la historia algunos funcionarios y exmiembros del INCODER – Édgar Rueda, funcionario activo para la época y Guillermo Forero, exfuncionario en esa época – quienes aprovecharon la situación para atemorizar y persuadir a los campesinos de que la mejor opción para que el Estado no les quite el predio por incumplimiento, era vender la finca.
Edgar Rueda y Guillermo Forero, además de aconsejar a los campesinos de que la mejor opción era vender la finca, también propusieron a Mario Gutiérrez como comprador inmediato. 130 de las 151 familias campesinas aceptaron la propuesta de los funcionaros de INCODER e, impulsados por el temor de perder sus tierras, el 18 de abril de 2008 firmaron la promesa de compraventa, sin imaginarse la hecatombe que se avecinaba.
Lo que los campesinos desconocían era que la Empresa Agrícola Guacharacas SAS, compradora de sus tierras, a nombre de su representante legal Mario Gutiérrez y propuesta por funcionarios del INCODER, era una empresa que se había constituido apenas once días antes de concretar el negocio de la finca Las Guacharacas con un capital de 12 millones de pesos. Por otra parte, la venta se pactó por 11.000 millones de pesos – moneda corriente colombiana – un precio irrisorio sobre el valor real del predio, que excedía en varias decenas esos 11.000 millones y que, teniendo en cuenta el capital con el que fue constituida la empresa compradora, jamás podrían pagar a los campesinos el valor pactado en la compraventa.
Los términos acordados en la venta de la finca Las Guacharacas fueron los siguientes: se entregarían de inmediato $890 millones para los 130 vendedores y se destinarían, en dos meses, alrededor de $720 millones para pagar la totalidad de los créditos que se debían a Finagro. El 4 de abril de 2009 cada campesino firmó un otrosí en el que aceptaba que le habían pagado $10 millones y que su lote se desalojaría el 5 de junio de 2009. El 27 de agosto de 2009 en la Notaría 76 de Bogotá, firmaron la escritura pública 2688 y, ese mismo día, los compradores también firmaron una hipoteca sobre el inmueble para garantizar su pago. Esta solicitud de hipoteca fue negada por el Banco BBVA, debido a que el predio ya contaba con una hipoteca a favor del Banco Agrario.
Una vez firmado el negocio, aparecen nuevos socios de la Empresa Agrícola Guacharacas SAS, compradores de la finca. Mario Gutiérrez, representante legal de la empresa, asegura que los invitó a ser parte de la misma, debido a que los otros socios, unos arroceros del Tolima, desertaron. Los nuevos socios, Luis Guillermo Cortázar – empresario bogotano que maneja repuestos de llantas, para el servicio de transporte integrado – Víctor Raúl Martínez – otro empresario del sector de transporte masivo y Silverio Vega – agrónomo independiente, ya en posesión de la finca, compraron maquinaria, adecuaron el terreno y empezaron a usufrutuar la tierra.
Según indagaciones del diario El Espectador, en diciembre de 2009, es decir 4 meses después de la compra de la finca, se evidenció la venta de 280 cabezas de ganado y el pago de esta venta se realizó a favor de Mario Gutiérrez. Posterior a esto, en la contabilidad de la Empresa Agrícola Guacharacas SAS, se evidenció un pago de 160 millones de pesos a favor de Juan Camilo Rueda, hijo de Edgar Rueda, empresario activo de INCODER quién, junto a Guillermo Forero, exfuncionario de la misma entidad, habían persuadido a los campesinos de vender la finca a Mario Gutiérrez. Tanto Rueda como Forero aseguraron al medio de comunicación no haber tenido ninguna participación en la compra de la finca Las Guacharacas y niegan haber presionado a los campesinos para que vendieran el predio. Sin embargo, Guillermo Forero fue el abogado titular de la Empresa Agrícola Guacharacas SAS hasta 2014, año en el que fue sustituido por Hugo González.
La decisión de sustituir a Forero la tomaron los nuevos socios, Luis Guillermo Cortázar y Víctor Raúl Martínez, quienes agregaron que se cansaron de que los líos se resolvieran mediante denuncias penales. La primera acción del nuevo abogado, Hugo González, fue el 30 de septiembre de 2014, al presentar ante la Supersociedades la petición de reorganización empresarial de la Empresa Agrícola Guacharacas SAS, dado que, según Cortázar y Martínez, la sociedad quebró por no poder trabajar la tierra.
El 4 de diciembre de 2014, la Superintendencia de Sociedades admitió a la Empresa Agrícola Guacharacas SAS para iniciar el proceso de reorganización, favoreciendo a esta organización, declarándola como propietaria legal de la Finca las Guacharacas. Pero la Supersociedades no tuvo en cuenta que esta empresa adquirió de manera fraudulenta el predio, tal como se dicta en los acuerdos pactados de la Escritura Pública 2688 de 2009 de la Notaría 76 de Bogotá, que señalaba que el incumplimiento en el pago en la forma convenida, así como el no pago total del saldo del precio señalado para el contrato generaba ipsofacto el incumplimiento del mismo por parte de la compradora.
El abogado de las familias campesinas, Santiago Morales Sáenz, cita en la demanda instaurada contra la Empresa Agrícola Guacharacas, que esta incumplió desde el comienzo las obligaciones a su cargo, relacionadas con el pago del precio pactado en el contrato, porque no canceló en su totalidad la primera cuota en el porcentaje acordado. La empresa también incumplió en la entrega de los paz y salvos relacionados en la cláusula cuarta de la escritura y tampoco cumplió la obligación a su cargo de inscribir en el competente registro la escritura contentiva del contrato de compraventa el 2 de septiembre de 2009, tal como se previó en la cláusula cuarta de la escritura.
Esta serie de eventos revictimizan a la comunidad campesina, propietaria de la Finca Las Guacharacas, ya que muchos de ellos fueron desplazados producto del conflicto armado del país, y el único sustento que tenían para la manutención de sus familias eran estas tierras. Su decisión desesperada fue vender, creyendo que así no perderían todo, saldarían su deuda con el Banco Agrario y podrían empezar de nuevo. Pero la Empresa Agrícola Guacharacas SAS tampoco solucionó las obligaciones de los campesinos con FINAGRO, acuerdo que también se había pactado en la escritura pública.
Dadas estás irregularidades, las familias campesinas exigieron su derecho a pedir la resolución del contrato y tienen la posesión material de la Finca Las Guacharacas desde el 27 de agosto de 2009, fecha en que se suscribió la escritura pública impugnada por el incumplimiento de acuerdos por parte la Empresa Agrícola Guacharacas SAS. Sin embargo, en el certificado de tradición del predio aparece un embargo decretado por la Superintendencia De Sociedades de Bogotá, en el proceso de reorganización de la empresa que compró la finca.
Las familias campesinas están exigiendo en la demanda, que se cancele la medida de embargo decretada por la Supersociedades, puesto que los argumentos y las pruebas de incumplimiento presentadas en contra de la Empresa Agrícola Guacharacas SAS permiten retornar la propiedad a la comunidad de campesinos demandantes y, en ese sentido, dicha cautela no tiene razón de ser.
En la actualidad, en cuanto a la actuación administrativa, a pesar de que el Registrador de Instrumentos Públicos del municipio de Facatativá, que tiene jurisdicción sobre Beltrán, ya manifestó en múltiples autos las irregularidades de la escritura de compraventa, el proceso duerme en los anaqueles del despacho tres años después de iniciada la actuación. Sobre este particular, en el siguiente documento, que es una respuesta a un derecho de petición en resolución de julio de 2020, se puede evidenciar la posición del despacho de la oficina de instrumentos públicos de Faca:
De otro lado, la solicitud por parte de las víctimas para la resolución del contrato por medio del cual se vendía la finca las Guacharacas, también se encuentra estancada en el juzgado primero civil de Honda.
En cuanto al proceso de reorganización admitido e impulsado por la Superintendencia Nacional de Sociedades, existe aún la posibilidad de que se legalice la compra fraudulenta de la Finca las Guacharacas, hasta que la Oficina de Instrumentos Públicos de Facatativá o el Juzgado Primero Civil del Circuito de Honda no declaren las irregularidades cometidas en el proceso de compraventa. Por lo tanto, sigue latente la posibilidad de que la Supersociedades le entregue la finca a los compradores ilegales. De otra parte, se espera que el próximo 17 de junio el Inspector de Policía de Beltrán, en el marco de una querella impulsada por la Empresa Comunitaria Guacharacas, ordene la entrega de una porción de más de 300 hectáreas que han sido invadidas por unos pocos campesinos que están al servicio de los compradores ilegales, de acuerdo con información suministrada por el abogado de las víctimas.
Una vez más, es notorio como el papel de la Supersociedades está al servicio de intereses oscuros para favorecer a terceros. Esta actuación administrativa, haciendo uso excesivo de su poder, que solo contempla una instancia, deja en este caso a un grupo de campesinos atados de pies y manos frente a una instancia jurisdiccional superior para hacer valer sus derechos.
El conflicto por la tierra en Colombia ha sido uno de los pilares de la violencia sostenida que ha afectado al país durante siglos. A través de estas maniobras fraudulentas, se puede ver cómo el Estado a través de sus instituciones se convierte en cómplice de los despojadores y los usurpadores que victimizan y revictimizan a los campesinos a los que les cuesta hacerse a un pedazo de tierra para poder trabajar y prosperar. Pues bien, este es un caso más de esos.
Ilustración: (c) 2021 Nicolás Giraldo V.
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