¿Qué pretenden ahora?

Por Andrés Felipe Giraldo L.

El uribismo ha enloquecido con el fallo que condena a Álvaro Uribe a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno y fraude procesal. Como todos saben, es la condena en primera instancia del proceso que viene desde 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia absolvió al senador Iván Cepeda y detectó que había indicios de que quien estaría comprando testigos era el propio Uribe.

Este fallo se profirió después de seis meses de juicio en el que la jueza Sandra Heredia estuvo casi que exclusivamente dedicada a este caso, escuchando a todas las partes intervinientes, y valorando las pruebas, los testimonios y las evidencias que ya reposaban en el proceso y las que se recaudaron durante el propio juicio. El juicio fue transmitido en vivo y en directo, y todos tuvimos la oportunidad de ver las diligencias que fueron replicadas por distintos medios.

Los criterios jurídicos de la jueza Heredia para emitir el fallo se pusieron de presente en la lectura del 28 de julio que duró casi nueve horas, y en el texto del sentido del mismo, que tiene más de mil páginas. Es decir, el juicio como tal no presentó ninguna anomalía e incluso el abogado de la defensa, Jaime Granados, reconoció al final de las diligencias que la jueza se había comportado con altura y decencia, a pesar de que al principio del juicio ya la habían recusado.

Este fallo será apelado y esa apelación deberá ser resuelta por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. En la segunda instancia, el fallo de primera instancia podrá ser confirmado o revocado. Es el trámite natural de todos los procesos penales que se adelantan en Colombia.

Sin embargo, el uribismo se ha valido de toda clase de conjeturas, epítetos y falsedades para deslegitimar la decisión de la jueza Heredia, y no dudan en aseverar que este ha sido un juicio político y no judicial, una afirmación que carece de todo sustento por la historia misma de este proceso.

Contar la historia de este proceso nos tomaría otra columna, pero se resume en que desde el año 2018 Uribe y su equipo de defensa han agotado todas las alternativas para zafarse de las consecuencias penales que finalmente llegaron durante esta semana con el fallo y la condena proferida por la jueza Heredia. Uribe renunció a su curul de Senador en el año 2020 para burlar la detención domiciliaria a la que fue sometido por la Corte Suprema de Justicia, para que la competencia del caso pasara a la Fiscalía General de la Nación, desde la que el Fiscal General, Francisco Barbosa, amigo personal de Iván Duque, intentó sin éxito que el proceso precluyera (dos veces), porque dos juezas distintas notaron que el proceso contenía elementos suficientes para que se avanzara en la investigación. Es decir, Álvaro Uribe contó con todas las garantías para interponer todos los recursos que tenía a la mano para que este proceso feneciera en el camino, pero la administración de justicia, en varias instancias, corporaciones y momentos, notó que existían indicios suficientes para que llegara hasta la etapa de juicio. Pasaron más de siete años y casi al punto de la prescripción, se emitió por fin un fallo. Aún existe el riesgo de que el proceso prescriba sin que se emita una decisión de segunda instancia, porque es un proceso que se ha dilatado hasta los límites de la paciencia y de la ley.

Este proceso no se lo inventó la jueza Sandra Heredia. Las decisiones precedentes sobre el mismo lejos de deslegitimar el fallo, le dan coherencia y sentido. La Corte Suprema ya había privado de la libertad a Uribe porque determinó que había mérito suficiente para ello, la preclusión fue negada por dos juezas diferentes, y cuando por fin entró una nueva Fiscal General, se pudo avanzar en el escrito de acusación que había sido evadido por más de cuatro años durante las administraciones de Francisco Barbosa y Martha Mancera. Por eso la reacción del uribismo frente a una decisión que era absolutamente predecible no solo preocupa, sino que es una afrenta total contra la administración de justicia, la independencia de la Rama Judicial y tiende un manto de duda perverso sobre una decisión que debía ser tomada, y que fue justificada en una sentencia de más de mil páginas. Además, queda al menos una instancia más a la que la defensa va a recurrir, porque así lo permite el Estado de Derecho que rige a Colombia por Constitución.

Por su parte, Tomás Uribe está promoviendo un “pacto” para que Iván Cepeda y Gustavo Petro sean extraditados a los Estados Unidos por lo que él llama “determinadores políticos del auge en la producción de la cocaína”. Hasta se olvidó del proceso de su papá para concentrarse una una venganza burda, ridícula y desarticulada que no tiene cauce, teniendo en cuenta que para que una extradición se active, primero una Corte de los Estados Unidos tendría que pedirla, sobre la base de un proceso abierto. Y hasta el momento, no se tiene conocimiento de que algún proceso contra Iván Cepeda o Gustavo Petro se esté adelantando en ese país por narcotráfico. Y preocupa aún más, porque el propio Iván Cepeda y el abogado Miguel Ángel del Río ya han denunciado que existe un complot en el que otro procesado, por el mismo caso que tiene condenado a Uribe, el abogado Diego Cadena, está complotando con diversos actores de Colombia y Estados Unidos para hacer un montaje con el objetivo de implicar a Cepeda y a Del Río con hechos de narcotráfico. Tomás ni siquiera tiene en el foco el caso de su papá, sino que quiere perjudicar a como dé lugar a Cepeda y a Petro con la ayuda de los Estados Unidos. Coincidencialmente, los precandidatos del Centro Democrático han anunciado que harán una gira por Estados Unidos y Europa para defender la inocencia de Álvaro Uribe. La pregunta es obvia ¿Qué pretenden? Es claro que pretenden una intervención del gobierno de los Estados Unidos para forzar las decisiones judiciales en Colombia a partir de la coacción y la intimidación política a través de las relaciones internacionales. La situación en Brasil con el caso Bolsonaro los anima a pensar que en Colombia la administración Trump procedería de la misma manera, presionando a través de sanciones económicas y decisiones diplomáticas, lo que en Colombia se ha decidido en Derecho. En otras palabras, quieren doblarle el brazo a la institucionalidad en Colombia a través de la presión de los Estados Unidos, concretamente de la administración Trump, que es afín a sus intereses. Una clara intromisión en la soberanía nacional, la independencia institucional y la libre autodeterminación de los pueblos.

Paloma Valencia habla de dictadura, insinuando que la jueza Heredia está “al servicio del poder y no de la verdad”, cuando el poder ha sido el uribismo desde el comienzo del siglo, cuando la justicia no ha procedido solo contra Álvaro Uribe sino contra al menos una decena de sus más cercanos colaboradores, y en donde los mismos jueces siguen adelantando, como debe ser, procesos contra colaboradores del actual gobierno de Petro que están inmersos en escándalos de corrupción, entre ellos el propio hijo del Presidente.

Las actuaciones y reacciones del uribismo ante el fallo de primera instancia contra el líder de la secta son tremendamente peligrosas. La jueza Sandra Heredia ya ha sido amenazada e intimidada y las presiones que se vienen para los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá no serán poca cosa. La invitación descarada hacia la administración Trump para que incida en las decisiones de la institucionalidad colombiana raya con los límites de la traición a la Patria. La agitación del ambiente social azuza a la violencia y a la inestabilidad social.

El uribismo está en todo su derecho de estar inconforme con el fallo y lo seguirán estando (aún más), incluso si se confirma en segunda instancia. Están en todo su derecho de salir a marchar y brindar apoyo a su líder. Lo que no pueden hacer es saltarse las reglas del Estado Social de Derecho a punta de estado de opinión. Lo que no pueden pretender es que su parecer sea superior a las instituciones. Lo que no se puede permitir es que nos convirtamos en una colonia de los Estados Unidos para que sea allá desde donde se determinen las decisiones que se forjan en las realidades de Colombia porque, repito, este proceso no empezó con el juicio ni se lo inventó la jueza Sandra Heredia. Nació cuando Uribe, por allá en el año 2012, decidió denunciar a Iván Cepeda porque le adelantó un debate político sobre sus nexos con el narcotráfico y los paramilitares en el Congreso y, preso de la ira, fue a hasta la Corte para que lo investigaran por difamación y comprar testigos. No fue Cepeda el que puso este proceso en el terreno judicial. Fue Uribe, quien ha sido condenado por el más venial de sus pecados, mientras que todas las evidencias que mostró Cepeda en el 2012, se quedaron durmiendo el sueño de los justos en los anaqueles de la Comisión de Acusaciones de la Cámara y en la Corte Suprema de Justicia.

En el fondo también se percibe que toda esta reacción pretende en el mediano y en el largo plazo que todos esos procesos que se esconden detrás del soborno a testigos, que tienen que ver con la conformación de grupos paramilitares, las masacres en Antioquia, los nexos de Uribe con el narcotráfico, los falsos positivos y otras tantas causas que nunca avanzan, sean ya un asunto de historiadores, sociólogos e investigadores académicos, y no de jueces, Cortes y tribunales. En el fondo quieren garantizar la impunidad para su líder. Y con eso se van a llevar al país y a sus instituciones por delante. Porque ni el país ni las instituciones les importan. Y eso se nota.