El perfilado

Por Andrés Felipe Giraldo L.

No es halagador ni grato aparecer en una lista ordenada por el mediocre, ineficiente y corrupto gobierno de Iván Duque. Por el contrario, entendiendo que este gobierno es la secuela del gobierno de la seguridad democrática de Álvaro Uribe, que instauró un régimen del terror desde el 2002 hasta el 2010 en contra de sus opositores y detractores, a quienes persiguió e intimidó a través del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), es algo realmente preocupante. Mi usuario de Twitter (El Antituiter.) aparece junto con el nombre de más de 450 personas dentro de un “monitoreo” que hizo la firma Du Brands desde junio a diciembre de 2019. La firma Du Brands es tristemente célebre porque fue la encargada de la estrategia digital de la campaña de Duque y luego se le dieron los contratos para mejorar la imagen del presidente en redes por alrededor de 20 mil millones de pesos. El último de estos contratos se firmó el pasado 30 de abril por $3.350 millones, y su objeto era la “definición e implementación de la estrategia de imagen y posicionamiento online del Presidente”. Lo más irritante, lo que más duele teniendo en cuenta la coyuntura por la que atraviesa el país, es que son pagados con recursos del Fondo de Programas Especiales para la Paz. No se entiende cómo lavarle la cara al inepto de Iván Duque en las redes sociales podría contribuir a la paz. De estos contratos se podría inferir fácilmente que la destinación de estos recursos es diferente al objetivo del Fondo, lo cual se podría constituir en un delito. Pero obvio, nadie va a investigar, nadie va a sancionar.

El “monitoreo”, otro eufemismo de este gobierno para evitar usar la palabra “perfilamiento”, se llevó a cabo desde el mes de junio hasta el mes de diciembre de 2019, mes a mes, y al frente del usuario de cada tuitero, se calificaba el mes como positivo, negativo o neutro, de acuerdo con lo que el usuario de Twitter hubiese expresado en redes sociales. Por supuesto, yo logré un negativo aclamado en los siete meses por razones obvias, porque mis opiniones son contrarias a las del gobierno y porque creo que el daño que la extrema derecha en el poder le está haciendo al país es inconmensurable. En este espacio, domingo a domingo, he explicado por qué, en el ejercicio libre, que además es un derecho tutelado por la Constitución Nacional de Colombia, de la libertad de pensamiento, opinión y expresión.

Lo que más preocupa es que el director de proyectos de la dirección de prensa de la Presidencia, Mateo Carvajal, pidió a la firma Du Brands establecer el nombre real y el número de cédula de los titulares de las cuentas que fueron “monitoreadas”. ¿Para qué? Esa es la pregunta que inquieta. Esto más bien parece un proceso de individualización e identificación como el que se aplica a los sospechosos de crímenes para poder establecer plenamente su identidad con el fin de que las autoridades puedan proceder en consecuencia. Inquieta, además, porque en el informe que Du Brands entrega a la dirección de prensa de la presidencia, aparece lo siguiente dentro de las recomendaciones: “Se debe trabajar en aumentar el porcentaje de personas positivas, en especial cambiar la perspectiva de aquellos que influyen desde sus redes sociales negativamente, ya que son estos los que hacen que la mala imagen del gobierno sea cada día más alta”. ¿Cómo van a cambiar la perspectiva de aquellos que aparecemos perfilados como “negativos” en el seguimiento que se hizo de nuestra cuenta de Twitter durante siete meses? ¿Cómo será esa estrategia disuasiva?  Y eso de que nosotros somos los responsables de que “la mala imagen del gobierno sea cada día más alta”, suena más a la acusación de un régimen dictatorial que una sugerencia para persuadir con buenas obras a quienes tenemos un pésimo concepto del gobierno de Iván Duque. 

En otras palabras, lo menos que implica este listado es un acto de intimidación deliberado en contra de quienes hacemos oposición al actual gobierno. Llamar “monitoreo” al perfilamiento de personas que opinamos en una red social, que además fuimos seleccionados sin conocer con qué criterios, genera muchas preguntas y muy pocas respuestas. Si a esto se suman los perfilamientos que ya se venían haciendo desde la inteligencia del Ejército en contra de periodistas, opositores, líderes sociales y líderes de opinión en el país, a quienes se les elaboraron carpetas completas, sin que hasta el momento se sepa cuál era el destino de dicha información, deja en el aire la sensación de que el gobierno de Duque se viene tejiendo una estrategia de persecución e intimidación para acallar las voces disidentes, tal como lo hiciera Álvaro Uribe durante su gobierno a través del DAS, lo que ya le está costando al Estado exorbitantes cifras de indemnizaciones como las que se les deben pagar por fallo judicial al exmagistrado auxiliar Iván Velásquez y al líder político Gustavo Petro, víctimas de tales persecuciones. Y más preocupante aún, lo que costó vidas como la del profesor Alfredo Correa de Andreis, ingeniero agrónomo y sociólogo, a quien se le armó un expediente con testimonios falsos para vincularlo con la guerrilla de las FARC en la Costa Caribe en 2004, y quien poco después de ser dejado libre ante la precariedad de las pruebas en su contra, fue acribillado por los paramilitares en una calle de Barranquilla, después de que el director del DAS de la época, Jorge Noguera, se los entregara en bandeja de plata. Cabe recordar también el caso de la periodista Claudia Julieta Duque, quien fuera víctima de espionaje y tortura psicológica en contra de ella y de su hija por parte del DAS, mientras adelantaba las investigaciones por el crimen de Jaime Garzón.  Son innumerables los ejemplos.

No es infundado el temor que siento y que sienten muchas personas que aparecimos reseñados en esa lista como “negativos”. Los métodos del gobierno de Álvaro Uribe en contra sus detractores no tenían nada que envidiarle a ninguna dictadura. Y para nadie es un secreto que el gobierno de Iván Duque es solo una extensión, casi que un apéndice, del gobierno de Uribe, quien ahora privado de la libertad está maximizando sus esfuerzos para que la única voz que se escuche sea la suya, acaparando la atención de los medios, incluso, a través del propio presidente de la República, a quien tienen que recordarle desde los tribunales que existe la independencia de los poderes y que no puede interferir en los procesos judiciales. No es un temor infundado cuando después de los listados de los perfilamientos hechos por el gobierno, aparecen los listados de las “águilas negras” (ese grupúsculo que las autoridades no saben quiénes son, así como no saben a dónde van los resultados de los perfilamientos), amenazando. 

Opinar en contra del gobierno en la actual coyuntura no es fácil, menos cuando todos los organismos de control han sido cooptados por fichas del uribismo. La Fiscalía en manos de Barbosa, el mejor amigo de juventud de Duque, la Procuraduría en manos de Margarita Cabello, su ministra de justicia, la Defensoría del Pueblo en manos de Carlos Camargo, de la entraña del uribismo, generan nula confianza para esperar que ellos sean los garantes de los derechos que consagra la Constitución en cuanto a la libertad de pensamiento, opinión, expresión y prensa, y mucho menos que lo hagan en detrimento del gobierno al cual les deben sus cargos. Es decir, la independencia de estos entes está en entredicho. No es por nada que Uribe se vuelve loco porque sus procesos sean pasados de la Corte Suprema a la Fiscalía y que por eso haya renunciado a su curul en el Senado.

Por eso la única protección legal que le queda a los detractores del actual gobierno nace de la misma ciudadanía. Hacer visibles estos actos de persecución pone en alerta a las organizaciones sociales y a los organismos internacionales para que hagan veeduría sobre estas actuaciones arbitrarias del gobierno. Las acciones judiciales emprendidas por los abogados que han visto en estos perfilamientos flagrantes violaciones en contra de los derechos y las libertades en una sociedad que todavía se hace llamar democrática, son valientes y necesarias. Y lo más importante, por parte de todos los demás, es resistir y no aflojar, armarse de los mejores argumentos para seguir demoliendo el discurso de la extrema derecha que a base de infundir el miedo y de divulgar mentiras se quieren perpetuar en el poder mientras el país se desangra. La libertad de expresión es el último pilar de una democracia. Cuando se acallan las voces disidentes y solo el establecimiento impone su discurso, el unanimismo y la hegemonía del poder, harán indestructible el status quo y nos condenarán a un sistema de castas rígidas e inamovibles en las que unos pocos van a concentrar la riqueza, el territorio y el poder, tal como ocurre en este momento. Los medios tradicionales han cerrado filas en torno de ese establecimiento y se han convertido en la caja de resonancia del poder, siendo mansos vehículos de su pensamiento y duras herramientas de dominación. Por eso el contrapoder de las redes sociales se ha convertido en un dolor de cabeza para el gobierno, porque allí no pueden controlar los contenidos ni las opiniones de las personas, por eso muchos hemos decidido abrir estas ventanitas de opinión para llegar a audiencias más amplias y sin mayores recursos ser voces que se escuchan. La única protección que tenemos es la propia ciudadanía con quienes compartimos pensamiento, las calles que albergan la legítima protesta social, y las urnas si la corrupción no termina de hundirlas entre los votos comprados por el narcotráfico y las trampas en la Registraduría, ahora también en manos del uribismo. El camino no es fácil, pero no hay más. Resistir y no aflojar, hasta que regrese un mínimo vestigio de democracia para poder opinar sin miedo. Mi aporte es que esta columna siga apareciendo en la casilla de lo negativo en las listas del nefasto gobierno que venimos padeciendo, sin faltar a la verdad.