La dictadura de la impunidad

Por Andrés Felipe Giraldo L.

El uribismo nos pinta un escenario catastrófico por la condena de la que ha sido objeto el líder supremo de su secta. El hijo del líder supremo, Tomás, ha tomado la vocería desesperada de la cofradía para inventar toda una fábula de conspiraciones y estrategias sobre el petrosantismo, neocomunismo, narcosocialismo y otra serie de términos construidos desde el delirio y la impotencia, al ver que por primera vez una jueza común y corriente, una vil mortal, sin más interés que el de administrar justicia, desmitificó al dios intocable que viene moviendo los hilos de la política en Colombia desde comienzos de este siglo, y lo condenó por el más venial de sus pecados, por el único sobre el que le ha avanzado una causa penal, mientras todos los demás procesos, mucho más graves y criminales, se pudren sin acciones en los anaqueles de las altas Cortes y en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

El manto de impunidad que ha cubierto a Uribe durante todo este tiempo, tejido con las condenas de sus más cercanos colaboradores que perdieron la libertad mientras él seguía en el más absoluto sosiego de quien se sabe intocable, se ha rasgado en la costura más débil, y está dejando ver la cobardía de quien se tiene que defender azuzando a sus hordas porque ya no le acompañan ni las instituciones que antes dominaba, ni la razón.

La narrativa de Tomás se construye sobre el mito de la persecusión de un gobernante cruel y calculador que destruye premeditadamente a una oposición pulquérrima y heróica, que nos está defendiendo a todos los colombianos para preservar los últimos vestigios de libertad y democracia que le quedan al país, porque, según él, el “neocomunismo”, otro concepto inventado por la derecha para descrestar incautos, se quiere perpetuar en el poder, aniquilando la diversidad y el disenso a través del lawfare y la aniquilación física de los contradictores. El delirio del hijo mayor de Uribe llega al punto de conectar el fallo de la jueza Heredia con el vil atentado del que fue víctima Miguel Uribe Turbay, sobre unos silogismos tan absurdos como peligrosos. Según Tomás, los miembros de la segunda Marquetalia, que son miembros de las FARC y, por lo tanto partido de Gobierno, fraguaron el asesinato de Uribe Turbay para menguar a la oposición política. Por supuesto, para cualquier incauto, desinformado, ignorante y adoctrinado por la fuerza de los medios tradicionales, esta teoría tendría todo el sentido. Pero lo que jamás va a mencionar Tomás, es que la segunda Marquetalia surgió en el gobierno de Juan Manuel Santos como respuesta a un entrampamiento de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez contra Iván Márquez y Jesús Santrich, con la colaboración de la DEA de los Estados Unidos, y que cuando esto sucedió, Petro ni siquiera estaba en campaña. Además, todas las prebendas que surgieron del proceso con las FARC también fueron concesiones del gobierno de Santos y no del gobierno de Petro, dentro de un proceso que culminó hace nueve años, seis años antes de que Petro iniciara su mandato. La segunda Marquetalia no hace parte del partido político de las FARC (que ahora se llama Comunes), y es un movimiento armado ilegal surgido de desertores del proceso de paz con Juan Manuel Santos, que el gobierno de Petro ha combatido como el grupo irregular que es. Establecer este vínculo no tiene otra intención que la de pervertir la realidad a punta de conjeturas sin fundamento con el objetivo de vincular de manera ficticia, pero directa, el atentado contra Miguel Uribe Turbay con el gobierno de Gustavo Petro. Y como si no fuera suficiente, Tomás asegura, sin asomo de duda y sin la más mínima responsabilidad, que Iván Cepeda es el líder político de las FARC, afirmación temeraria y falsa, que por supuesto será controvertida por Cepeda en los tribunales, en donde a los Uribe no les suele ir muy bien contra él.

Pero para Tomás es fácil inventar el término “petrosantismo” para zanjar estas inconsistencias en la línea de tiempo y unir en una palabra para dar sentido a las estupideces que se está imaginando. Nada más alejado de la realidad, cuando los enviados de Santos al gobierno de Petro solo han estado ahí para sabotear y torpedear el mandato actual, y cuando es evidente el repelús que le provoca Petro a Santos, porque el Presidente no pertenece al linaje de los elegidos para gobernar a Colombia como sí lo es él, miembro de las élites colombianas, descendiente de cuna presidencial y de una familia que ha sido dueña de un medio de comunicación hegemónico. La aversión de Santos por Petro solo es equiparable a la aversión de Uribe por Santos. Pero por diferentes razones.

Y para rematar, el uribismo es capaz de ir a Estados Unidos con esta narrativa para alimentar los feroces prejuicios de congresistas como Mario Díaz-Balart, Carlos Gímenez o Maria Elvira Salazar, descendientes de los marielitos cubanos, con el fin de amplificar estas falacias en un terreno que les resulta fértil, y en donde quieren lograr los mismos efectos que logró el hijo de Jair Bolsonaro contra Brasil, también procesado en ese país por el intento de golpe de Estado contra Lula Da Silva, consiguiendo sanciones económicas y diplomáticas contra el gobierno, perjudicando así a toda la población, y no solo al gobierno de turno. Les importa poco llevarse a todo un país por delante con tal de imponer su voluntad de sacar a Uribe impune e instalar toda una narrativa a partir de ese propósito, sin la más mínima base en los hechos y en la realidad, pero sabiendo que podrían contar con el apoyo de un gobierno déspota, intransigente y de extrema derecha, como lo es el gobierno de Trump.

A Petro lo siguen acusando de ser un dictador y, sin embargo, hay más de ochenta candidatos preparándose para unas elecciones que un dictador no permitiría, la mayoría de ellos de la derecha, que saben que la democracia goza de buena salud, y que por lo mismo aspiran a gobernar por la vía del voto popular. Sus falacias se caen con sus propias contradicciones.

En realidad, la única dictadura que le quieren a imponer a Colombia es la dictadura de la impunidad. La impunidad de una persona que modificó la Constitución (él sí) para perpetuarse en el poder, la impunidad del lider de una secta que lo considera intocable, la impunidad contra una persona capaz de intimidar a la justicia a fuerza de amenazas y conceptos falaces y reforzados como neocomunismo, petrosantismo o narcosocialismo. Fue en este mismo periodo presidencial que un juez en Antioquia, fortín del uribismo, decidió absolver al hermano menor de Uribe, Santiago, sin que hubiera habido la menor resistencia sobre esa decisión por parte del gobierno que dicen, manipula a la justicia. Es en este mismo gobierno que se están procesando, acusando y condenando a los corruptos que han hecho parte de esta administración, incluyendo al hijo del Presidente, sin que se presente ninguna obstrucción para que la justicia haga su trabajo.

La dictadura de la impunidad marcha por las calles exigiendo que se defenestre a un Presidente popular y legítimamente elegido en las urnas. La dictadura de la impunidad viaja a Estados Unidos pidiendo que se sancione económicamente a un país y se debilite a un gobierno solo porque no les gustó un fallo adverso que se gestó durante siete años en varias corporaciones, instancias y momentos que consideraron adecuado que el caso llegara hasta el juicio a pesar de que un fiscal de bolsillo, Francisco Barbosa, intentó en dos ocasiones precluir el expediente sin éxito, porque las pruebas, evidencias y testimonios indicaban que había indicios suficientes para llegar a las últimas instancias. Una dictadura que enlaza eventos de manera irresponsable para hacerle creer a la opinión pública que el atentado contra Miguel Uribe y el fallo contra Álvaro Uribe están conectados y que hacen parte de una estrategia macabra de Petro para aniquilar a la oposición política, porque el que las hace, se las imagina. Todos sabemos quién persiguió, intimidó y envió al exilio contradictores políticos a través de los organismos de seguridad del Estado, eventos que están probados en expedientes judiciales y por los que hay funcionarios del gobierno de Uribe presos pagando las condenas que Uribe jamás pagará, por los mismos hechos.

Porque la dictadura de la impunidad tan solo ha tenido un traspiés. Aún queda una instancia que debe decidir un tribunal que de antemano se encuentra intimidado porque si confirman el fallo de primera instancia, serán automáticamente acusados de pertenecer a ese supuesto entramado criminal que orquesta Gustavo Petro, y no porque de verdad existan los méritos en la sentencia de la jueza Heredia. La dictadura de la impunidad es temeraria y mentirosa, no mide consecuencias ni le importa el país. Como toda secta, su único objetivo es la protección que garantice la inmunidad eterna del jefe supremo, como David Koresh en Waco o Jim Jones en Jonestown, la ceguera total y la inmolación colectiva a partir del fanatismo y la perversión de la realidad. Lo que está quedando claro, es que en Colombia el uribismo ya no es la fuerza predominante ni podrán arrastrar a todo un país al abismo con su líder.

En Brasil, el juez de la Corte Suprema que lleva el caso de Bolsonaro, Alexandre de Moraes, manifestó que haría caso omiso de las amenazas del gobierno de los Estados Unidos y que seguiría adelante con el juicio. Lula Da Silva también ratificó la soberanía de Brasil y emprendió acciones comerciales para mitigar el daño que pretende hacer la administración Trump con los aranceles que puso a los productos brasileros para presionar a la justicia de ese país y privilegió la independencia judicial de Brasil, dejándole claro a Trump que Brasil es un país soberano y que no cederá ante sus chantajes y que, mucho menos, le permitirá intervenir en la justicia de ese país. Colombia no es ni deberá ser menos. Hacer respetar la independencia de las ramas del poder público en Colombia de la injerencia de un país extranjero no nos lleva a una dictadura, sino a dejar de ser una colonia.

La dictadura de la impunidad que ha reinado en Colombia para favorecer a Uribe está llegando a su fin, no solo por el fallo condenatorio de la jueza Heredia, sino porque la narrativa del uribismo cada vez tiene menos adeptos, menos borregos, menos idiotas útiles prestos a inmolarse por su líder. Pero todos sabemos que sus métodos son violentos y que el desespero los está llevando a los límites de lo irracional. El uribismo desesperado es peligroso y aún más si se siente acorralado. Podremos ignorar las conjeturas estúpidas de Tomás, los discursos lastimeros de Paloma Valencia o las amenazas políticas de Maria Fernanda Cabal. Lo que sí no podemos pasar por alto es que estamos hablando de un movimiento y un personaje que se han abierto camino a punta de violencia. Este es el verdadero riesgo y el verdadero temor. Porque el uribismo no tiene límites en cuanto a sus métodos. Frente a esto, debemos estar preparados y protegidos para no ceder ante el chantaje armado de la extrema derecha que mueve unos hilos siniestros que ya han dejado millares de muertos.

La dictadura de la impunidad nos demanda, como nunca, proteger a las instituciones y a quienes administran justicia para que puedan seguir avanzando en las investigaciones, y que a ese manto de impunidad que cubrió a Uribe por décadas le caiga la justicia cuando aún puede pagar en vida, y no cuando los historiadores nos recuerden que solo fue juzgado por el delito más trivial de todos sus expedientes.

La soberanía de Colombia, por cuenta de esta dictadura de la impunidad, ahora debe enfrentarse al poder de un gobierno imperialista de la extrema derecha de los Estados Unidos y a la violencia de la extrema derecha de Colombia. Esa es la verdadera dictadura y el verdadero riesgo para la libertad y la democracia. Lo de Tomás Uribe es la perversión absoluta de la ética y de los valores que encarna el uribismo, que se quiere extender por muchas (de)generaciones más. Los llamados para defender la democracia y la libertad en un país verdaderamente democrático, no deberían venir de un condenado vencido en juicio con todas las garantías que brinda un Estado de Derecho. Impedir la dictadura de la impunidad es al menos un acto de dignidad nacional.