Álvaro Uribe y el estado de opinión

Por Andrés Felipe Giraldo L.

El gran filósofo greco-quimbaya, primo de Pablo Escobar e ideólogo principal del uribismo, José Obdulio Gaviria, a principios del siglo XXI, se inventó un concepto que parecía sacado del manual del propio Joseph Goebbels para justificar la reelección inconstitucional de Álvaro Uribe Vélez, una figura que estaba explícitamente prohibida en la Carta, pero que el uribismo logró torcer y modificar con la intención de perpetuar a su líder en el poder, cambiando “el articulito”, como llamaba Uribe (en diminutivos) a los grandes atropellos que infringió a las reglas de juego de la democracia y la institucionalidad.

Hay que recordar que Uribe siempre gozó de altos niveles de popularidad, porque disfrutaba del favor de amplios sectores de la prensa tradicional, que magnificaban sus logros, hacían eco de sus discursos y maquillaban sus cifras. Esto, sin contar con que siempre tuvo mayorías en el Congreso, que aprobaban sin resistencia sus proyectos, y unas Fuerzas Militares leales y sumisas, al punto de que se degradaron sus estándares éticos a niveles críticos, violando de manera sistemática y continuada los Derechos Humanos, solo por darle gusto a este Calígula criollo ávido de sangre, aniquilación y muerte. Además, de que el gobierno de Uribe no dudó en perseguir, eliminar y exiliar a los periodistas, académicos y organizaciones que hacían investigaciones que pudieran perjudicar su imagen, como se comprobó tiempo después.

En este marco, el primo de Pablo Escobar decidió promover la idea de que la legitimidad no provenía necesariamente de las instituciones, sino del fervor y el apoyo popular, especialmente si este apoyo se reflejaba en la opinión pública, un concepto más bien etéreo, que en el caso de Gaviria funcionaba si esa opinión favorecía las intenciones del gobierno. Es decir, que si para la opinión pública lo que hacía el gobierno estaba bien, las instituciones se volvían irrelevantes, secundarias, y que la fuente de legitimidad el Estado era ese “estado de opinión”, que era una especie de sensación favorable captada por las encuestas y las voces mayoritarias de los medios. Por supuesto, el tal estado de opinión era el escenario perfecto para una autocracia que contaba con más del 70% de favorabilidad en las encuestas y en donde el disenso era atacado de manera criminal por los organismos de seguridad del Estado. Acá cabe anotar que dos de los directores del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) del gobierno Uribe están en la cárcel, y uno más se encuentra en juicio, justamente por la persecusión infame en contra de los sectores que hacían oposición a ese gobierno. El estado de opinión pretendía ser una dictadura de facto, de un Presidente guiado por su voluntad desde las encuestas y el apoyo de la gran prensa, que opera desde hace tiempo más bien como una máquinaria de propaganda política de la extrema derecha.

El “estado de opinión”, que no era más que una dictadura enmascarada de apoyo popular, al mejor estilo nazi, fue finalmente saboteado por un fallo de la Corte Constitucional que declaró inexequible la segunda reelección de Uribe, y así nos salvó de la perpetuación de la extrema derecha autoritaria en el poder en cabeza del propio Uribe, quien no tenía la menor intención de dejar la Casa de Nariño.

Sin embargo, ese “estado de opinión” del que hablaba José Obdulio, se ha mantenido por extensión para perpetuar la impunidad de Uribe, quien solo ha podido ser procesado por el más venial de sus pecados, mientras que los procesos por sus grandes crímenes se siguen pudriendo en los anaqueles de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y en la Corte Suprema de Justicia. Esta arremetida mediática, promoviendo la inocencia de Uribe, y los artículos presionando a la jueza Sandra Liliana Heredia para que le absuelva, no son más que espasmos de ese estado de opinión del que hablaba Gaviria para mantener a Uribe en el poder. Hoy vemos el “estado de opinión” al servicio de la eterna impunidad de Uribe.

Porque el descaro con el que se comportan algunos medios de comunicación en Colombia, afines a la extrema derecha, como El Tiempo, Revista Semana, La FM, Blu Radio, entre otros, lo que pretende es ambientar a la opinión pública con respecto del sentido del fallo que va a proferir mañana la jueza Heredia, y que es crucial después de años de litigios en donde Uribe y su defensa han usado todas las maniobras posibles para que este caso se precluya, prescriba o termine en una absolución que garantice la impunidad del presidente eterno de una facción considerable de colombianos que viven en la nostalgia de la llamada seguridad democrática, fundamento político del tal estado de opinión. Las manifestaciones de la gran prensa en Colombia no tienen nada que ver con la realidad procesal de lo que se ha vivido en todos estos meses de juicio. Por más que quieran disfrazar de eruditas las opiniones, de que hablen de Derecho, causales y presunciones, que pongan a firmar a decenas de abogados exigiendo la absolución de Uribe, muchos de ellos metidos en escándalos de corrupción (y de los que se conocen sus intereses que nada tienen que ver con la justicia), la estrategia es clara: Que el estado de opinión favorable a Uribe ataque de nuevo, que esa opinión sea superior a las pruebas, testimonios y evidencias que obran en el proceso, y que cualquier decisión adversa contra Uribe sea tomada como un ataque político y no como una decisión judicial, que es el discurso con el que los partidarios de Uribe están minando la independencia de la justicia, que tanto reclaman del gobierno cuando les conviene.

La estrategia es tan evidente como burda, tan intencionada como peligrosa y tan temeraria como intrusiva. El propósito de esta andanada de columnas de opinión, artículos y noticias es el de incidir en el fallo de primera instancia del juicio contra Uribe por fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno, y de presionar a la jueza Heredia para poner en entredicho su decisión en caso de que sea adversa a los intereses de Uribe. Incluso, la revista Semana ha indagado por la vida de la jueza para tacharla de ser “de izquierda” con la intención velada (pero clara) de dar la sensación de que sus actuaciones son sesgadas por una ideología que es antagónica a la de Uribe. La bajeza de Semana ya raya con lo criminal, porque están perfilando a la jueza, comprometiendo su independencia judicial y exponiendo su vida privada para cuestionar de antemano su fallo, sin más fundamento que el prejuicio ideológico, la exposición mediática y la intimidación pública. Informar es un derecho, pero también conlleva responsabilidades, y Semana, desde hace mucho tiempo, es tremendamente sesgada, irresponsable y panfletaria.

La independencia de la justicia está amenazada por el estado de opinión promovido desde los sectores de la extrema derecha que quieren torcerle el pescuezo al proceso a punta de prensa. Los grandes medios se están prestando para interferir con el fallo de un proceso que se dio de cara al país, con transmisión en directo y con toda la transparencia que se podría esperar de una institucionalidad fuerte. Al uribismo no le bastó con poner a un fiscal general de bolsillo para que ordenara la preclusión del proceso, pero que, una vez más, dos valerosas juezas se negaron a las pretensiones de esa justicia manipulada desde la presidencia de Iván Duque y la fiscalía del pusilánime, lerdo y déspota Francisco Barbosa, que no pudieron archivar el proceso ante la seriedad de los indicios que reposaban en el proceso, imposibles de ignorar para la justicia que mañana, por fin, dará un fallo en primera instancia en un proceso que empezó por el propio Uribe, quien denunció a Iván Cepeda por allá en 2018.

El “estado de opinión” en el caso de Uribe no es más que una ficción con la que pretende pervertir la realidad procesal y la independencia de la justicia en Colombia. Es lo que en algún tiempo se llamó “el teflón” con el que Álvaro Uribe salvaba toda su responsabilidad penal mientras caían uno a uno sus alfiles en las cárceles como tributos baratos para dar la sensación de que la justicia operaba mientras Uribe gozaba de toda la impunidad. Un magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal superior de Medellín, Rubén Darío Pinilla, usó una metáfora que explica muy bien lo que pasa con Uribe: “No es posible estar dentro de una piscina y no mojarse”, refiriéndose al entorno delincuencial de Uribe. Mientras los directores del DAS de Uribe, sus exministros, sus altos mandos militares y hasta sus abogados se enfrentan a condenas por los delitos que debieron haber sido fraguados en su cabeza, Uribe goza de toda la impunidad de un sistema incapaz de alcanzarlo. Y mientras tanto, los opinadores del establecimiento y sus más leales lacayos intentan lavarle la cara para que esta impunidad lo siga cobijando. A estos medios que propugnan por la inocencia de Uribe desconociendo el criterio, juicio e imparcialidad que todos vimos durante el juicio que presidió la jueza Heredia, no se les puede llamar sino cómplices.

Por fin en Colombia la justicia muestra un vestigio de presencia con respecto de Uribe, y los grandes medios quieren sabotear el proceso a punta de presión, intimidaciones y perfilamientos, eso que el primo de Pablo Escobar llamó “estado de opinión”. Pues bien, lo único que le queda al país para contrarrestar esta dictadura velada de la extrema derecha es el Estado de Derecho, el único legitimamente concebido por la Constitución de 1991. Porque debemos recordar que Uribe no fue reelegido por el tal “estado de opinión”, sino porque ese gobierno compró a Yidis Medina y a Teodolindo Avendaño para que votaran a favor del “articulito”. Es decir, a Uribe lo reeligió la corrupción por la que están pagando condenas varios de sus ministros. Esperemos que la mano larga de la corrupción uribista no se disfrace una vez más de “estado de opinión” y que la jueza Heredia pueda fallar en Derecho como debe ser, sin presiones ni intimidaciones. Porque lo que se vio en el juicio fue a una funcionaria honesta y comprometida con la verdad a quien quienes confiamos en las instituciones queremos verla fallar libre de presiones y de intimidaciones. Porque esos medios que tanto acusan a Petro de ser un dictador, están actuando bajo la lógica del estado de opinión, que no es más que la dictadura de las preferencias convertidas en legitimidad política desde la manipulación mediática. Ustedes son los dictadores señores de los medios. Y quieren dictarle el fallo absolutorio favorable de Uribe a la jueza Heredia, pasando por encima de la institucionalidad y de ella misma. Respeten la independencia de la jueza y de la Justicia. Dejen de posar de periodistas y acepten de una vez por todas su militancia política. Es el mínimo acto de honestidad que podrían tener. Porque lo del estado de opinión ya no les está funcionando.