La consulta popular y el nuevo castrochavismo

Por Andrés Felipe Giraldo L.

Desde mucho antes de que Petro fuera presidente, desde que apenas se vislumbraba una remota posibilidad de que lo lograra en las elecciones de 2018, gran parte del país reaccionario empezó a instalar la narrativa de que Petro sería como Chávez y que Colombia sería como Venezuela. Ese discurso caló en 2018, y dada esa segunda vuelta entre Iván Duque y Gustavo Petro, la Presidencia fue para esa facción de colombianos que todavía creen en el coco, y que desconocen la historia del país, que hace sencillamente imposible que Colombia caiga en las garras de una dictadura de la izquierda, como ya he explicado tantas veces acá.

Sin embargo, en 2022 no les alcanzó con el miedo y Petro se llevó la segunda vuelta ante un impresentable Rodolfo Hernández, quien hoy ya no está entre nosotros. Valga decir, que hoy la presidenta de Colombia sería alguien de quienes muchos no conocen el rostro y muchos menos el nombre: Marelen Castillo, quien solo ha figurado un par de veces en las noticias por líos de platas con su difunta fórmula presidencial. En fin, eso es lo que algunos habrían preferido, con tal de que el guerrillero no hubiera llegado al poder.

Pero llegó, y a pesar de que el país no ha sufrido cambios significativos en términos generales, ni siquiera para bien, ahora quieren volver un gesto natural de la democracia en la narrativa de un “golpe de Estado”, dado por el propio presidente, por tener el propósito de llamar a la ciudadanía a una consulta popular, que es uno de los muchos mecanismos de participación ciudadana establecidos por la Constitución de 1991, que abrió los canales y brindó las herramientas para que el constituyente primario dejara de ser un convidado de piedra y tuviera verdadera incidencia en las decisiones políticas del país, sin intermediación de la representación de las ramas del poder público, que en la mayoría de las ocasiones están en absoluta desconexión con la ciudadanía.

Además, la génesis de esta Consulta Popular no es caprichosa y se puede resumir brevemente: La Comisión Séptima del Senado archivó la reforma laboral sin siquiera dar el debate, con base en unas encuestas que hizo el partido cristiano MIRA sin ninguna metodología y sin ningún rigor, un simple sondeo sin ficha técnica ni firmas de respaldo para, al menos creer, que se había hecho un trabajo serio y responsable. Esta arbitrariedad del Congreso, como ya ha tenido varias sin que se les tache de golpistas o dictadores, derivó en la propuesta del Gobierno para llamar a la ciudadanía a definir en las urnas lo que la Comisión Séptima no quiso hacer en sus sesiones.

La propuesta, como manda el ordenamiento legal, se presentó a la Plenaria del Senado y fue derrotada en una controversial votación 49 a 47, en un proceso lleno de suspicacias y maniobras que el gobierno y su bancada consideraron fraudulentas. Por eso, se interpusieron varias acciones legales, acusando al presidente del Senado, Efraín Cepeda y al Secretario de esa corporación, de haber viciado la votación. Las demandas aún se encuentran en estudio y ya fue fallada una tutela en favor de la Senadora María José Pizarro, para que se responda a la apelación que presentó sobre la votación el mismo día de este suceso en el Congreso. Es decir, la negación de la Consulta Popular en el Senado ni fue apabullante, como lo quieren hacer creer analistas como Ramiro Bejarano, ni fue del todo clara, como se está dilucidando a raíz de los reclamos de la bancada del gobierno que acusan de fraude a la oposición y al Senador Efraín Cepeda.

En este contexto, y a la luz de lo que el Presidente ha interpretado también como un procedimiento irregular en el Congreso, sobre la base de que no se leyó lo que los legisladores iban a votar, como ordena la Ley 5ta de 1993, y que por lo tanto deduce que el Senado no se pronunció sobre la Consulta Popular, el Presidente radicó el pasado 11 de junio un decreto para insistir en la convocatoria a la consulta popular. Este hecho se ha llamado como “el decretazo”, con la intención de sugerir que el Presidente está obligando a la ciudadanía a votar en la Consulta, lo cual es falso.

En primer lugar, el decreto tiene varias demandas de nulidad cursando en el Consejo de Estado, que deberá definir la legalidad o no del acto administrativo que promulga tal decreto. En segundo lugar, la Corte Constitucional debe evaluar si este decreto es constitucional o no y, de no serlo, se hace sencillamente inviable, porque el mandato de la Corte Constitucional es incontrovertible y, si la decisión de esta Corte es que el decreto es improcedente por inconstitucional, también se caería. Es decir, Petro aún depende de los fallos de las Altas Cortes para que la Consulta Popular se pueda convocar y, la verdad, que la propuesta supere estos controles es altamente improbable. En otras palabras, es posible que la consulta popular naufrague de nuevo en el Consejo de Estado o en la Corte Constitucional. O en las dos. Así pues, el mentado dictador, que llama la oposición, una vez más se quedará anhelando poder llamar al pueblo para refrendar sus reformas porque, en Colombia, para bien y para mal, los pesos y contrapesos de las ramas del Poder Público, sí funcionan.

Además, en el más optimista de los escenarios, y si la convocatoria a la consulta popular tuviera alguna posibilidad de ser presentada en las urnas, tampoco tiene garantizada ningún éxito para el gobierno. Primero, tendría que alcanzar un umbral que es bastante difícil de lograr y en el que ya naufragaron otras consultas como la consulta anticorrupción y, segundo, tendría que ganar el SÍ en la mayoría de las doce preguntas, algo en lo que también fracasó Uribe por allá en 2003, cuando convocó a su propia consulta para hacer reformas económicas y políticas, porque sí, como no, Uribe también usó este mecanismo en su momento y nadie lo tachó de dictador. Como nadie lo tachó de dictador cuando compró congresistas con notarías para pasar la reforma constitucional que aprobó su reelección. Sí, el mismo Uribe que hoy dice que hay que defender la Constitución, siendo él el único que la ha modificado para su propio beneficio, y que pretendió perpetuarse con un tercer mandato si la Corte Constitucional de la época no se lo impide. El cinismo.

Se tienen muy poca fe los que lograron sacar a votar a la gente “berraca” para que eligieran el NO en el plebiscito por la paz de Juan Manuel Santos, otro que dice que Petro está rompiendo el orden constitucional, a pesar de que él mismo se pasó por la faja el resultado del plebiscito en ese momento e incorporó los acuerdos con las FARC a la legislación colombiana, acción que celebro, porque cualquier esfuerzo consciente que se hace por la paz merece el riesgo de ser tachado de autoritario o de dictador. Pero parece que a él también se le olvidó cómo tramitó en el Congreso las reformas funcionales a la paz, a pesar de haber perdido el plebiscito. Nuestros expresidentes tienen una memoria muy selectiva.

Así pues, si hay algo que claramente no tiene este llamado por decreto a una consulta popular, son visos de autoritarismo o dictadura. Las Altas Cortes ejercerán el control que les corresponde desde lo institucional. Y desde lo colectivo, resulta contradictorio llamar “dictador” a alguien que justamente está convocando a la ciudadanía para que elija sobre su bienestar. Un dictador simplemente toma decisiones y reprime por la fuerza el disenso. Quienes dicen que Colombia ahora vive en una dictadura, es porque jamás padecieron una o hicieron parte de las esferas del poder desde donde se tomaron verdaderas medidas autoritarias. Convocar al pueblo para que decida no es para nada autoritario, es la medida más democrática que se puede tomar. Es acudir directamente al constituyente primario para que decida sobre asuntos que afectan su vida, su bienestar y su cotidianidad, es darle voz por medio del voto a inmensos sectores que son sistemáticamente ignorados y relegados, porque es evidente que los congresistas una vez son elegidos pierden el vínculo de la representación y empiezan a actuar sobre sus propios intereses. Los ejemplos son evidentes y abrumadores, y no vale la pena traerlos a esta columna. Pero solo basta ver cuántos hicieron su campaña con las banderas del estallido social durante el gobierno de Iván Duque y hoy se comportan como los más viles representantes del establecimiento corrupto, anquilosado y ruin que gobernó a Colombia durante más de 200 años de vida republicana, y que hoy se unen a los coros para llamar a Petro dictador, porque traicionaron a la gente que confió en ellos para llevar a cabo reformas profundas en la estructura social. Hoy esos mismos congresistas trabajan para los gremios que se enriquecen a costa de las carencias del pueblo. Son unos traidores, pero prefieren llamar dictador al que sí ha sido consecuente con las promesas de su campaña y con las causas que lo llevaron legítimamente a la Presidencia de la República.

El Gobierno insiste en convocar la Consulta Popular porque el Congreso, a pesar de que revivió el trámite de la reforma laboral, la está modificando a conveniencia de los empresarios, por lo que resulta necesario seguir en el propósito de convocar a la ciudadanía para que decida sobre sus propios derechos. Además, el Congreso retomó el proyecto de la reforma laboral, justo por la presión que pone la Consulta. El desdén con el que desecharon sin siquiera debatir la primera propuesta y la votación controversial para hundir la aprobación de la consulta popular generan una profunda desconfianza en el Congreso, no solo por parte del gobierno, sino de la ciudadanía en general.

Esta coyuntura ha sido aprovechada de manera perversa por la oposición para desconocer descaradamente la autoridad del Presidente, que no proviene de sus caprichos, sino de una votación de más de once millones de electores que debe ser respetada hasta el fin del periodo, como sucede en las democracias. El llamado de Efraín Cepeda para reunirse con los mandos militares y de policía a espaldas del Presidente es una clara afrenta a la autoridad presidencial y un desconocimiento criminal a que es el Presidente el comandante general de las Fuerzas Militares, aunque a Cepeda no le guste y no esté dispuesto a aceptarlo.

Petro llamó a todos los partidos a conversar sobre las garantías democráticas de las próximas contiendas electorales, a raíz del atroz y lamentable atentado del que fue víctima el precandidato del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay. Sin embargo, no solo se negaron a ir, sino que excluyeron al Presidente de la comisión de seguimiento de garantías electorales. Petro ha sido víctima del chantaje del Congreso, de los ataques feroces de la oposición, de la tergiversación, mentiras y bulos de los grandes medios de comunicación, que más bien parecen maquinarias de propaganda de los grandes grupos económicos a los que pertenecen, y sin embargo, sigue llamando al diálogo. Llamar dictador a un Presidente que intenta de todas las formas establecer puentes de comunicación que son continuamente derribados por la oposición, no solo es injusto, sino temerario y falso. Convertir una Consulta Popular en un acto autoritario, a pesar de que se está sometiendo a todos los controles institucionales, y que además surge como respuesta al evidente bloqueo legislativo del Congreso, es una vil manipulación que busca sesgar a la opinión pública sobre un mecanismo de participación ciudadana que es, justamente, producto de regímenes democráticos capaces de convocar a la gente para que decida sobre los asuntos políticos de frente, y no de espaldas a las instituciones, un gesto que envidiaría cualquier regimen que de verdad viviera en dictadura.

Este contexto no es más que un nuevo llamado de los jinetes de la apocalipsis y de los profetas del caos que insisten en que Petro es Chávez y que Colombia se va a volver como Venezuela. No es verdad. No fue verdad antes y no lo es ahora. Petro está a poco más de un año de terminar su mandato y en 2026 las elecciones se van a celebrar conforme lo manda el calendario que además está sujeto a la Constitución que es inalterable. Por supuesto, el Presidente insistirá legítimamente en llamar a la consulta popular y esa voluntad estará mediada por las decisiones de las Altas Cortes. El tiempo se acaba y no es viable que recoja las 8 millones de firmas para presentar una iniciativa popular en caso de que no se haga viable la consulta y mucho menos se podrán recoger para promover una asamblea constituyente, que también tendría controles tanto del Congreso como de las Altas Cortes. No hay nada que pueda hacer Petro para ser un dictador, aunque muchos lo quisieran solo para tener la razón. En 2026 cada quien podrá asistir a las urnas para votar por los verdugos de su preferencia, como cada cuatro años. La democracia en Colombia no está amenazada por Petro, está amenazada por la violencia como lo ha estado siempre. Desde finales de los 80s están asesinando candidatos en pleno proceso electoral y a Álvaro Gómez lo asesinaron en 1996, en medio del escándalo del proceso 8000. El biempensantismo nacional tipo Humberto De la Calle nos quiere convencer de que lo que está pasando ahora es nuevo, que los crímenes antes eran mera delincuencia y ahora sí son crímenes políticos, como si ha Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa, Carlos Pizarro, Luis Carlos Galán y a Álvaro Gómez los hubieran acribillado sin motivaciones políticas. No Humberto, muchos tenemos memoria y sabemos que la totalidad de esos crímenes provinieron de sectores reaccionarios resistentes al cambio en alianza con grupos armados de extrema derecha y el propio narcotráfico. Lo tuyo no es ignorancia. Es pura mala intención contra este gobierno. Tú sabes cómo es la historia porque la viviste. Disimula un poco.

Así pues, Petro no fue, no es, ni será Chávez y Colombia no será como Venezuela. Quizás siga siendo algo peor el año que viene después de las elecciones: La misma Colombia elitista, discriminadora, racista, homofóbica, taimada y reaccionaria que ha sido siempre. Por ahora Petro es el Presidente, su investidura merece respeto y sus electores haremos respetar su mandato hasta el último día como se ha respetado en todos los casos. Este llamado a la insubordinación, a la insurrección y al desconocimiento del Presidente es el verdadero golpe de Estado. Es lo que verdaderamente le hace daño a la democracia porque aunque Petro no les guste fue elegido en las urnas como manda la Constitución y tendrá derecho a gobernar hasta el 7 de agosto de 2026. Por lo pronto, deberían mejorar las propuestas que hasta ahora no se ven, ser coherentes con los discursos de bajarle a la polarización y al odio que piden mientras odian y polarizan, y dejar de incitar el caos porque lo que menos necesita el país en este momento es una nueva exacerbación de la violencia porque estamos a menos de un año de estar haciendo el empalme para el nuevo gobierno que ojalá lo dejen gobernar. Porque al supuesto dictador de Colombia le han hecho imposible gobernar desde la combinación de todas las formas de lucha de la oposición, que acuden a las estrategias más ruines para recuperar el poder que sienten usurpado. Le tienen miedo hasta a una consulta popular. No podría haber una dirigencia más desprestigiada y timorata que la que le tiene miedo a su propia ciudadanía en las urnas. Algo temen, porque algo deben. Y lo saben.